La tragedia del ferrocarril Sarmiento desató distintas opiniones y cruces al interior del kirchnerismo. Ante el silencio de la Presidenta, se expresan las distintas miradas que lo componen.
El secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, acompañado esta vez por el poderoso ministro de Planificación Julio De Vido, dio una conferencia de prensa donde anunció que el Estado se incorporará como querellante en la causa que investiga las responsabilidades del choque. El ministro sostuvo que “una vez que estén determinadas las causas, los motivos”, el Gobierno va a “acompañar la decisión de la investigación judicial a los efectos de salvaguardar el interés público y de alguna manera desde el punto de vista de aplicar las sanciones que pudieran corresponder, en el momento correspondiente”. “Hacemos esto porque de ninguna manera vamos a tomar desde el punto de vista administrativo acciones que estén descontextualizadas del accionar de la Justicia”, declaró y reafirmó que el gobierno considera ante todo la concesión de los trenes como un problema administrativo, no como una decisión política. Además respondió implícitamente a las acusaciones de complicidad con la empresa al explicar que “está claro que, tanto el ex presidente Néstor Kirchner como la actual Presidenta, han demostrado que en situaciones como éstas no se generan sistemas de protección para nadie”. Se trató de la voz oficial de un Gobierno que hasta ahora se mantuvo celosamente en la defensa de los lineamientos ferroviarios vigentes.
En la misma línea, La Cámpora publicó un escueto comunicado donde, tras expresar sus condolencias a los familiares de los muertos y heridos, tan sólo plantea que “la justicia debe investigar para determinar cuáles fueron las causas que originaron esta tragedia y condenar a los responsables de la misma”.
En cambio, una pluralidad de voces cuestionaron la política ferroviaria de los últimos dos gobiernos kirchneristas. La novedad es que esas voces, lejos de pertenecer a la oposición política o de estar insufladas por la “corpo” mediática, pertenecen al propio espacio político oficialista.
En su programa radial matutino, Luis D´elia fue el más contundente: “Lo que pasó en el día de ayer fue dantesco. Sentí una mezcla de dolor e indignación. Estas cosas siempre pasan con los laburantes. El primer dolor fue de clase. Me duele la clase obrera.” Y agregó una perspectiva muy crítica. “Necesitamos hacer la perestroika del kirchnerismo. Se nos viene encima el Estado neoliberal de los 90. Es un Estado al servicio de otros intereses, no del pueblo, de los trabajadores y sus clases medias. Es un Estado armado para la depredación del país, para el lucro, para la corrupción, para la devastación, para la entrega del patrimonio nacional. Me gustaría ver a la presidenta de la República yendo a fondo con esto. Abriendo el cauce penal a los responsables. Terminando con la concesión de Cirigliano pero también convocando al pueblo para que en 6 meses votemos constituyentes y terminemos con el Estado neoliberal conservador consagrado en la constitución del 94. Un Estado que hace que las petroleras no entreguen combustible, que la megaminería se transforme en una acción depredadora, que no tengamos luz cuando hace calor, que los trenes se transformen en el salvajismo de ayer. Algunos se resisten a los cambios porque atrás está la puta corrupción. Un ejemplo claro sería que haya justicia con Jaime.”
Por otro lado, Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo afirmó que Schiavi “es un pelotudo” y que sintió “vergüenza ajena” de sus declaraciones. “Me da vergüenza ajena que un funcionario sea tan pelotudo. Tal vez no le guste a la Presidenta, pero no sé si Schiavi puede dormir tranquilo”, sentenció Bonafini al finalizar la habitual ronda de Plazo de Mayo de los jueves. Además, le recomendó a Cristina que “vigile un poco más a los hombres que piensan”, porque “no puede ser que le den 3 millones de pesos de subsidio y no anden los frenos”.
Por su parte, el “Chino” Navarro, diputado bonaerense y referente del Movimiento Evita, declaró vía twitter que “TBA es un cáncer que no supimos extirpar. Ahora hay que hacerlo y llegar al fondo”, para concluir afirmando que “hay que quitarle la concesión”.
A su vez, Carlos Heller, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y referente del Partido Solidario y de Nuevo Encuentro, aseguró que “el gravísimo choque del tren ocurrido ayer en la Estación Once no sólo instala la necesidad de investigar a fondo las causas de la tragedia, también nos exige refundar las políticas ferroviarias en Argentina para evitar que un hecho similar ocurra en el futuro”. Asumiendo los errores cometidos afirmó que “es hora de terminar con las concesiones de las empresas que no hacen las inversiones necesarias a costa de la seguridad de los usuarios, empresas que privilegian la maximización de las ganancias y sostienen tasas de rentabilidad a costa de los subsidios del Estado”.
Finalmente Hugo Yaski, titular de la CTA alineada con el kirchnerismo, sostuvo que “la tragedia no puede quedar impune” y agregó que “no se puede seguir subsidiando a grupos empresarios que no generan inversiones necesarias para garantizar un servicio para que los trabajadores viajen seguros y dignamente”.
Entre los que se mantienen completamente oficialistas contra toda evidencia y los que se animan a plantear una mirada crítica se abre una brecha que, quizás, sólo pueda ser saldada por la autoridad de la Presidenta. Habrá que seguir el desarrollo de esta incipiente crisis en el kirchnerismo y ver qué decisión toma Cristina ante una sociedad acostumbrada a reaccionar con fuerza y a exigir cambios cuando se encuentra con la tragedia y el dolor encima. Pero está claro que hasta el momento la autocrítica no ha sido un punto fuerte de su estilo.