TTIP: la nueva entrega de la saga neoliberal

Por Marcelo Righetti.

Desde mediados de la década del `90, algunos actores económicos relevantes vienen intentando avanzar en la generación de una gran zona de libre comercio que contenga a Estados Unidos y a Europa, dos de las regiones más ricas del mundo. El Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (ATCI o TTIP, por sus siglas en inglés) empezó a tomar forma en los últimos años, primero en instancias de negociación entre las grandes corporaciones de ambos lados del Atlántico Norte y luego tomando la posta los Estados, tras el proceso de lobby empresarial.

El 28 de noviembre de 2011 se realizó en Washington una Cumbre entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE), en medio de un clima complicado para el viejo continente: la crisis arreciaba duramente sobre la zona Euro, mientras que Estados Unidos buscaba asomar la cabeza después del descalabro financiero de 2008-2009. Estas circunstancias exigían tomar medidas concretas para resolver estos grandes problemas. Entonces se creó el grupo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento, encargado de “identificar políticas y medidas para incrementar el comercio e inversiones UE-EE.UU. para apoyar la creación de empleo, el crecimiento económico y la competitividad internacional”[1]. Finalmente, después de más de un año de trabajo, en febrero de 2013, el grupo emitió un informe en el que se aconsejaba la realización de un tratado bilateral.

A partir de ese momento comenzó a recorrerse el camino para el inicio de las negociaciones, las cuales el Consejo Europeo (CE) aprobó en junio del 2013. Como paso siguiente se desarrollaron las rondas – en un absoluto secretismo- para la firma del acuerdo. La Comisión Europea decidió poner las restricciones de acceso más estrictas para los documentos más importantes, como son las exigencias de desregulación que solicitaron desde Estados Unidos hacia los miembros de la UE. Esta restricción, de acuerdo con los protocolos, llega a negar el acceso a estos documentos incluso a funcionarios de gobierno de los Estados miembros, excepto en salas de lectura designadas a tal fin y de las que dichos documentos no se pueden sacar o copiar[2].

El secretismo se debe esencialmente a que el propósito del TTIP no es tanto eliminar los aranceles comerciales, los cuales ya son casi nulos, sino más bien quitar las “barreras” regulatorias que no son otra cosa que muchas de las leyes de los estados en relación a derechos laborales, ambientales, etc. Por eso, lo que se está acordando es muy sensible para la opinión pública y puede llevar a que se genere un clima muy desfavorable a la continuación de las negociaciones.

Entre los temas que generan las principales críticas hay que mencionar la eliminación de la restricción sobre los organismos genéticamente modificados (OGM) y otras regulaciones europeas relacionadas con la seguridad alimentaria; las fuertes dudas sobre la generación de empleo y la posibilidad de un aumento de la precarización laboral; el debilitamiento de las normativas vinculadas a cuestiones ambientales, con el fracking como emblema; el peligro por la pérdida de privacidad en el manejo de datos personales; y una restricción en el acceso a la información a partir del aumento de los derechos de propiedad intelectual.

Además se busca abrir las “fuerzas del mercado” (eufemismo de grandes corporaciones) a servicios básicos como la salud y la educación, fomentando procesos de privatización. Se pretende alcanzar la absoluta desmantelación de lo que queda del Estado de Bienestar en Europa, abriendo nichos para la colocación de los excedentes de capital que no encuentran rentabilidad en otros lugares. Poner al Estado al servicio completo del proyecto de clase de las grandes corporaciones, de ese 1% como lo llamaron desde Occupy Wall Street.

Mientras muchos ciudadanos y organizaciones a ambos lados del Atlántico Norte desconfían y no pueden acceder a la información sobre los contenidos del acuerdo, las grandes corporaciones se encuentran absolutamente al tanto. Además, la idea es que el proceso de desregulación que impulsa el TTIP no quede totalmente finalizado una vez que concluyan las negociaciones, sino que se piensa que las enormes transnacionales tienen que tener la posibilidad de poder modificar regulaciones que se quieran imponer. La situación de las grandes corporaciones es lo que se debe privilegiar sobre todas las cosas. Para ello se plantea la creación de un mecanismo de resolución de disputas entre inversores y Estados (ISDS, por su sigla en inglés) el cual concede “a las corporaciones transnacionales el poder de demandar directamente a países concretos por pérdidas en sus áreas de competencia como resultado de decisiones de política pública”[3]. Algo similar a lo que dentro del ámbito del Banco Mundial (BM) representa el CIADI. Esto implica colocar en pie de igualdad, e incluso de superioridad, a las empresas capitalistas con el Estado soberano, debido a que no podrán determinar libremente sus legislaciones, con la consecuencia de ser multados por este tribunal. A esto hay que agregar que sólo las corporaciones pueden acudir a él para hacer reclamos y los Estados sólo pueden defenderse.

La historia del CIADI, donde la abrumadora mayoría de los casos se resuelven a favor de los capitalistas, no sirve de buen ejemplo para las aspiraciones democráticas de los ciudadanos europeos y norteamericanos.

La mayoría de los analistas críticos de este acuerdo coinciden en que lo que está en juego es la democracia y soberanía de estos países frente al avance de las pretensiones de las grandes transnacionales. En caso de que se apruebe este acuerdo los ciudadanos tendrán un más que exiguo margen de maniobra para frenar las aspiraciones corporativas. Cualquier gobierno que elijan deberá actuar dentro de los estrictos límites que se impondrán o en su defecto asumir una postura absolutamente radical que implique no solo rechazar el TTIP, sino el sueño de una Europa unida.

 

[1]Página 12, 29/11/2011.

[2]Hillary, John (2014) El Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión. Una carta para la desregulación, un ataque para el empleo, el final de la democracia, Rosa Luxemburg Stiftung, Bruselas, disponible en http://www.cuartopoder.es/wp-content/uploads/2014/06/Informe-de-John-Hilary-sobre-el-TTIP.pdf

[3]Idem