Un golpe a la xenofobia del gobierno, declaran inconstitucional el DNU 70/2017

Por César Saravia, Doris Quispe y Zulema Montero*

La justicia derogó el decreto 70/2017 y el gobierno tiene 10 días hábiles para apelar ante la Corte Suprema de Justicia de Nación. De no hacerlo, deberá publicar su derogación en el Boletín Oficial para que las instituciones dejen de aplicarlo. A partir del 23 de marzo está prohibida la aplicación del decreto y de suceder, debe ser denunciada e impugnada.

Durante la jornada del 23 de marzo, en horas de la tarde, la Sala V de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal declaró inconstitucional el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) 70/2017 que modificaba la Ley de Migraciones. El DNU estuvo vigente desde enero del 2017 y representó un retroceso en los derechos de lxs migrantes y la punta de lanza de la política xenófoba del gobierno de Cambiemos.

El decreto xenófobo fue declarado inconstitucional por los jueces Jorge Alemany, Pablo Gallegos Fedriany y Guillermo Treacy, quienes ratificaron su compromiso con los derechos humanos al dar paso a la apelación realizada por el Centro de Estudios Laborales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) y el Colectivo por la Diversidad (COPADI), luego de que el decreto fuera ratificado en primera instancia por la Justicia.

Los jueces consideraron que este DNU restringía el acceso al debido proceso, al principio de inocencia y el derecho a un defensor público, además aceleraba los trámites de expulsión, retenciones preventivas arbitrarias y afectaba el derecho a la unidad familiar y modificaba los requisitos para optar a la ciudadanía. En ese estado de situación todos los migrantes estaban afectados por cualquier artículo del Código Penal, incluso aquellos excarcelables o delitos culposos (accidente de tránsito) a la vez que constituía una herramienta de impunidad para las fuerzas de seguridad que los habilitaba a detener e impulsar la expulsión de migrantes que ejercen el derecho a la protesta social.

Para justificar la aplicación del DNU, Macri argumentó que se trataba de un tema de “Seguridad Nacional”, en un claro mensaje de criminalización de la migración. No obstante, el tribunal determinó por mayoría que la decisión de limitar y restringir los derechos lxs migrantes sin una Ley formal dictada por el Congreso Nacional, carece de argumentos razonables y de la necesidad y urgencia que este tipo de instrumentos requieren. Con este fallo histórico en materia de control de Decretos de Necesidad y Urgencia, el DNU queda sin efecto, y cualquier aplicación del mismo debe ser denunciada. En este escenario, el gobierno tendrá todavía 10 días hábiles para apelar la decisión de la Justicia. De lo contrario, deberá publicarlo en el boletín oficial para que las instituciones gubernamentales dejen de aplicarlo.

Frente a la xenofobia: resistencia migrante

La entrada en vigencia del DNU 70/2017 generó una rápida respuesta de organizaciones migrantes de distintas nacionalidades, organizaciones defensoras de los derechos humanos y sectores populares, para enfrentar esta acción xenófoba. La presentación del DNU estuvo antecedida por diversas declaraciones de funcionarios y medios de comunicación con intención de criminalizar la migración y así justificar el decreto. Esta política xenófoba no es la única, en el año 2014, se retomó un viejo instrumento de la conocida Ley Videla, se trata de la Disposición “falso turista”, promovida por el entonces Secretario del Ministerio de Seguridad Sergio Berni, durante el gobierno de Cristina Kirchner, que se contradice con el derecho humano a migrar y restringe la libre circulación. Esta disposición permanece vigente a la fecha.

Como primera gran acción de esta lucha se llevó a cabo el 30 de marzo del 2017 el primer Paro Migrante en la Argentina, donde distintas organizaciones se movilizaron hacia el Congreso para exigir la derogación del DNU. Durante el resto del año se llevaron a cabo distintas jornadas de denuncia y además charlas informativas en los barrios para generar conciencia en la población migrante y en las organizaciones populares de la problemática xenófoba.

La segunda acción masiva fue llevada a cabo el 5 de marzo en el denominado Migrantazo, donde participaron diferentes organizaciones aglutinadas en la campaña “Migrar no es Delito”, la cual fue lanzada en enero, justo a un año de aprobado el DNU. El Migrantazo se presentó como una respuesta a los intentos del gobierno de eliminar la gratuidad de la salud y la educación para extranjeros, bajo la consigna “la migración es un derecho, la educación y la salud también”.

Las distintas organizaciones que participan de la campaña Migrar no es Delito, valoraron como un triunfo y el resultado de la movilización en las calles y la lucha en las instancias legales. No obstante, hicieron un llamado a no bajar los brazos y mantenerse en pie de lucha frente a otros proyectos que buscan precarizar más a lxs migrantes.

Entre estas iniciativas está el proyecto de Ley del Diputado Nacional Luis Petri, que busca modificar los artículos 6 y 7 de la Ley de Migraciones 25871, de manera tal que intenta condicionar la gratuidad de los servicios de salud y educación para migrantes con residencia temporaria, transitoria y precaria, y anclarla a criterios de reciprocidad. En este sentido, solo podrán ser atendidas de manera gratuita aquellas personas en cuyos países los ciudadanos y ciudadanas argentinas gocen del mismo derecho mediante “convenios de reciprocidad”. En caso de no existir los mismos, el gobierno fijará tasas retributivas o aranceles para optar a estos servicios.

Esta Ley tiene como objeto desincentivar la migración y precarizar más a lxs trabajadorxs migrantes. Así mismo, representa un retroceso y una violación a la Convención Internacional de los Derechos Humanos que establece que los derechos no pueden ser retroactivos, es decir, no se pueden quitar derechos ya conquistados.

Esta proyecto de Ley, entre otras cosas, ignora el aporte que lxs migrantes hacen al pagar sus impuestos mediante el IVA, en la generación de riquezas mediante su trabajo, así como en la dinamización de la economía al acceder a bienes de consumo y servicios básicos. Establecer convenios de reciprocidad no es viable para muchos países cuyos sistemas de salud y educación cuentan con unas condiciones que no son equiparables a las existentes en Argentina, negando de esa forma el derecho legítimo de una persona a buscar mejores condiciones de vida. Así mismo, abre las puertas para progresivamente avanzar en la privatización de estos servicios para la población en general.

En una declaración realizada en el marco de las negociaciones del TLC Unión Europea – Mercosur, Macri aseguró que “en Sudamérica, todos somos descendientes de europeos”. La negación de otras identidades es parte de la estrategia de la derecha para construir su hegemonía a partir de un “enemigo interno”, un “otro” que nos roba la paz y provoca las crisis. La sentencia de inconstitucionalidad del DNU es una victoria, pero la cruzada antimigrante del gobierno continúa, y la resistencia: también.

En este marco de lucha por la anulación definitiva del DNU 70 y contra todo tipo de medidas y proyectos que atentan contra los derechos de los migrantes, el Bloque de Trabajadorxs Migrantes estará presente en la movilización que convoca la Campaña “Migrar No Es Delito” el lunes 9 de abril a las 17 horas de Plaza de Mayo al Congreso Nacional. Ahí nos encontramos.

*Integrantes del Bloque de Trabajadorxs Migrantes

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