Un paso más hacia la paz en Colombia

Por Redacción Marcha

En un histórico encuentro, el líder de las FARC y el presidente Santos firmaron un acuerdo en La Habana para avanzar en el proceso de paz. Además, Santos aseguró que el fin del conflicto armado que lleva casi seis décadas se producirá “a más tardar” en seis meses.

En apenas unas horas -y tras negociaciones profundas y constantes-, el líder máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), Timoleón Jiménez, y el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se encontraron en La Habana, Cuba, para tener una reunión en privado y luego anunciar un acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz.

Con este nuevo paso dado por ambas partes, el diálogo de paz iniciado en 2012 parece encaminarse, aunque todavía quedan puntos pendientes para resolver en la política interna de la nación neogranadina.

Sentados en un largo estrado, Jiménez y Santos realizaron declaraciones después del acuerdo logrado. En medio de los dirigentes, el presidente de Cuba, Raúl Castro, sumó expectativa al histórico encuentro producido en la mayor de las Antillas.

El acuerdo rubricado (ver aparte) por las FARC y el gobierno colombiano –como también por Cuba, Noruega, Chile y Venezuela, países mediadores y acompañantes del proceso de paz- estipula la creación de un tribunal especial para la paz y el otorgamiento por parte del Estado “de la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos”.

El texto inicia con el compromiso de las partes en respetar los puntos logrados hasta la fecha, que son “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” y “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.

En la resolución dada a conocer, se convoca a la creación de una jurisdicción especial para la Paz para juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto interno. Este ámbito contará de un tribunal y salas de justicia que investigarán, juzgarán e impondrán sanciones por estos delitos. Las penas serán de entre 5 y 8 años para los actores del conflicto que reconozcan delitos. Para quienes los oculten, la pena ascendería a 20 años.

En el acuerdo se expresa que “las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado”.

El texto oficial también contempla la “transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden”.

Las voces

Finalizada la lectura del acuerdo, el presidente Santos anunció “que a más tardar en seis meses puede concluir esta negociación del acuerdo final. Faltan unos puntos difíciles, pero ya estamos finalizando una guerra de 60 años; la única y más largas en nuestro continente”.

El mandatario reconoció y valoró “el paso que hoy han dado las FARC-EP” y remarcó que “avanzamos en una misma dirección y en la más noble que es el de la paz”. “Hoy estamos asegurando que no hayan más víctimas y que acabe el conflicto armado de Colombia”, señaló.

Santos además indicó que “que las FARC dejarán las armas a los 60 días del acuerdo final”.

A su turno, el líder de las FARC remarcó que la firma de la Jurisdicción Especial para la Paz está diseñada para todos los involucrados en el conflicto, combatientes y no combatientes. Para Jiménez, el acuerdo “sin duda generará el ambiente propicio para avanzar en convenios sobre las restantes temáticas de la agenda”.

“Nos complace anunciar que esta jurisdicción ha sido diseñada para todos los involucrados en el conflicto y no solo para una de las partes, desde una perspectiva restaurativa”, destacó. El jefe guerrillero a su vez explicó que “desde una perspectiva fundamentalmente restaurativa, abre las posibilidades de ofrecer verdades detalladas y plena para sentar bases para la reparación y no repetición, que satisfaga los derechos de las víctimas y las expectativas de reconciliación de la sociedad”.

Antes de cerrar la ceremonia, el presidente de Cuba, Raúl Castro, aseguró que las “conversaciones marchan por buen camino y los acuerdos sobre justicia representan un significativo paso de avance. Estamos ahora más cerca de lograr la paz que tanto anhela y merece el hermano pueblo colombiano”.

El mandatario remarcó que la paz en Colombia es indispensable y que requiere un “gran esfuerzo y voluntad como el que están demostrando las dos partes”. Castro afirmó que aunque quedan enormes dificultades por superar “tengo la certeza de que serán vencidas”.

“No descansaremos en nuestros esfuerzos hasta que se logre el ansiado objetivo de la paz estable y duradera para la querida Colombia”, manifestó el presidente cubano.

Repercusiones y algo más

Conocida la noticia del acuerdo, el titular de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, celebró la reunión en La Habana y consideró que de las mesas de diálogo deben respetar la “verdad, reparación y justicia”. “Celebro el paso histórico que dará la mesa de La Habana al definir aplicación de la Justicia Transicional que nos permitirá pasar del conflicto al post conflicto”, destacó.

Por su parte, las comisiones de Paz del Congreso de Colombia respaldaron el acuerdo y llamaron a concretar una “paz con justicia social” que “se haga realidad lo antes posible y podamos entre todos los colombianos comenzar a construir el posconflicto, con verdad, justicia y reparación”.

En un comunicado, remarcaron que lo alcanzado en La Habana “significa que avanzamos en el camino de la reconciliación en un mundo convulsionado por la guerra y el odio”. Igualmente, advirtieron que no se podrá avanzar de forma completa “en un proceso de posconflicto sin un acuerdo con el ELN (Ejército de Liberación Nacional), razón por la cual reiteraron el “compromiso para seguir trabajando como facilitadores de estos procesos tan transcendentales para el país”.  

Aunque el acuerdo firmado despertó fuertes apoyos, con anterioridad el ex presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, fustigó los logros alcanzados. Uribe, líder de la ultraderecha de su país y fuertemente vinculado con el tráfico de drogas y el paramilitarismo, señaló que el acuerdo constituirá un “ejemplo para más violencia en Colombia”.

Comunicado conjunto entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- sobre el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz

La Habana, Cuba, 23 de septiembre de 2015

  1. Gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha: “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” y “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.
  2. A la vez, reafirman su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Con ese propósito estamos construyendo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese marco hemos acordado que se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas.
  3. En cuanto al componente de justicia, hemos acordado crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición.
  4. El componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos.  Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.
  5. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.
  6. La Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente. A los primeros se les impondrá una sentencia, fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal.
  7. Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas. Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias. Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.
  8. Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.
  9. En el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final.
  10. La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden.