Un protocolo arbitrario

Un protocolo arbitrario

Por María José Filipelli. Tras 6 meses del Fallo de la Corte Suprema, el Gobierno de la Ciudad implementó finalmente un protocolo para la realización de abortos no punibles. La sanción fue el pasado martes 4 de septiembre, pero se dio a conocer, mediante un decreto ayer.

En el mes de marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia, falló a favor de la realización de abortos no punibles a mujeres víctimas de violación, con solamente una declaración jurada, sin intervención judicial ni de otros. A la vez, exhortó a los gobiernos provinciales que construyan e implementen un protocolo de realización de estos abortos no punibles, lo que solo fue cumplimentado en cinco casos (La Pampa, Córdoba, Salta, Entre Ríos y Buenos Aires).

Durante la semana pasada circuló por los medios el “rumor” sobre una regulación para la Ciudad de Buenos Aires, que finalmente salió a  la luz en el día de ayer mediante la firma del decreto 1252/2012 por parte del Poder Ejecutivo, encarnado en la figura del ministro de Salud, Jorge Lemus. Todo esto mientras en la Legislatura de la Ciudad se discutían distintos proyectos de protocolo, uno de los cuales, como informó Marcha, tenía consenso de toda la oposición porteña. En ese ámbito el macrismo no logró cerrar filas frente a un único proyecto por la enorme influencia que tiene la iglesia católica en un sector. En el medio de esa interna se empezó a correr la voz de que el Ejecutivo intentaría resolver ese dilema implementando una resolución que pusiera fin al debate.

Si bien la implementación de un protocolo es lo esperable y exigible tras el fallo, existen algunas diferencias entre la propuesta porteña y lo sancionado por la Suprema Corte:

En primer lugar, en el artículo 17 del protocolo de la ciudad, se establece que en los casos de aborto no punible “la práctica deberá realizarse dentro del límite gestacional de doce (12) semanas, con el correlato ecográfico correspondiente”, cuando en el fallo original no se establecen fechas límite para la práctica de los abortos no punibles ya que en estos casos la prioridad radica en cuidar de todo peligro la vida de la mujer en estado de gestación.

Por otro lado, según un comunicado de la Asociación de Derechos Civiles, “resulta problemático que no se reconozca el consentimiento informado de las niñas y adolescentes menores de 18 años, y, en cambio, se exija que los padres lo otorguen. Este requisito vulnera la Convención de Derechos del Niño y la ley nacional 26.061 que recepta los principios de la Convención, en cuanto estipulan que las niñas y adolescentes son sujetos de derecho, que debe tenerse en consideración sus capacidades evolutivas según su propio grado de desarrollo, y que el “interés superior del niño” es el principio rector dirimente para todo lo que las involucre. Este requisito también aleja a las niñas y adolescentes de los servicios de salud y las expone a abortos inseguros.”

Por último, llama la atención el concepto vago de “objeción de conciencia” que se retoma en este protocolo. En el artículo 19 del mismo, dice: “Los profesionales de la salud tienen derecho a ejercer su objeción de conciencia respecto de la práctica médica objeto del presente y no serán pasibles de sanción laboral de ningún tipo. Para ello, para cada uno de los casos en que deba llevar adelante la intervención para la interrupción del embarazo, podrá presentar una declaración donde manifieste que ejercerá la objeción”. Esto habla de que cualquier profesional puede aducir objeción de conciencia en el momento que lo desee, sin la obligación de darlo a conocer por anticipado y así garantizar al menos la presencia de un profesional no objetor que realice las prácticas correspondientes. En el artículo 20, se indica que “se garantizará la confidencialidad de la identificación de los médicos objetores de conciencia y su estabilidad laboral”. Este derecho a resguardar la identidad de los objetores, pone en jaque la efectivización sistematizada y centralizada de los abortos no punibles, cuestión que deja al libre albedrío y decisión de cada hospital la forma de garantizar la realización de este tipo de abortos.

El Gobierno de la Ciudad sorprendió con su iniciativa, aunque parece estar más destinada a acallar los disensos dentro del Pro que a aportar a la solución de un problema de salud pública y defensa de la vida de las mujeres. Habrá que ver de qué forma se incorporan las criticas y sugerencias de todos los espacios políticos y del movimiento de mujeres que coinciden en que lejos está esta iniciativa de lo ejemplar que fue el fallo de la Corte Suprema.