Un Protocolo que mete miedo

Por Vivian Palmbaum

A fines de la última semana una noticia cobró poca notoriedad entre los medios periodísticos: el Ministerio de Seguridad de la Nación junto a ADEPA y a FOPEA elaboró un “Protocolo general de actuación para la protección de la actividad periodística”. La medida generó el inmediato rechazo de la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, compuesta por 40 organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras en todo el país.

En el marco de la 54º Asamblea General de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) que sesiona en Tucumán, el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó el “Protocolo general de actuación para la protección de la actividad periodística”, en cuya confección también participó el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). Quizás no parece sorprendente que la asociación que nuclea los grandes medios de comunicación, tenga un comportamiento corporativo en consonancia con las actuales políticas del gobierno nacional. Hace años que asistimos a semejante manipulación de la información, que siempre termina favoreciendo a los sectores concentrados, que hoy están conduciendo el destino del país.

En la Asamblea se eligió la nueva conducción de ADEPA, que se reparte entre los grandes medios que fueron cómplices de uno de los mayores genocidios perpetrados en la época contemporánea de nuestro país. Con nombres más conocidos como Massott, Escribano y otros representantes del binomio periodístico Clarín-La Nación, que viene acompañando editorialmente las actuales políticas de gobierno de la alianza Cambiemos. Con editoriales que se vienen publicando para legitimar una “guerra sucia” mientras piden condiciones más benignas de detención para los genocidas o la instalación de la necesidad de reducir el “costo laboral argentino”, cuando los salarios sufren una brutal erosión, o la instalación de la necesidad de un tarifazo que solo empobrece a las y los trabajadores y a los sectores populares.

Viñetas del Protocolo

“Que el Estado Argentino entiende que la libertad de prensa es un baluarte fundamental de la democracia y, como tal, ha sido definido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al establecer que ‘entre las libertades que la Constitución consagra, la de prensa es una de las que poseen mayor entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría una democracia desmedrada o puramente nominal’”.

“La libertad de expresión no sólo atañe al derecho individual de emitir y expresar el pensamiento sino incluso al derecho social a la información de los individuos que viven en un Estado democrático”. Mientras tanto el mismo Estado Nacional mantiene en secreto contratos o en las Audiencias Públicas se retaceó la información sobre el cálculo de las tarifas y los valores en boca de pozo del gas. ¿Correrán algún riesgo los periodistas que revelan las cuentas secretas de funcionarios que evaden a los paraísos fiscales?

“Que en materia de libertad de prensa resulta fundamental el rol del periodismo y, fundamentalmente el periodismo de investigación, para garantizar el acceso a información veraz y transparente a los ciudadanos, de modo de contribuir en forma sincera a la elaboración de la voluntad popular”.

“Que ADEPA y FOPEA constituirán conjuntamente una comisión independiente para la evaluación del riesgo de las misiones periodísticas y para colaborar con el Ministerio en la determinación del tipo de medida preventiva que corresponda fijar en cada caso”

En el texto del Protocolo, bajo el título 1. Objeto dice: “El Protocolo será de aplicación cuando el desarrollo de la actividad periodística pueda acarrear riesgos para el periodista y se relacione, directa o indirectamente con hechos de interés institucional” y a continuación hace una enumeración de situaciones de interés público y social.

Repudio de las y los trabajadores de prensa

En un comunicado, con fecha 1º de Octubre, la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, integrada por más de 40 sindicatos de prensa de todo el país, rechazó enérgicamente el Protocolo General de Actuación para la Protección de la Actividad Periodística. Invocando tratados y declaraciones internacionales con rango constitucional que resultan indiscutibles (Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fallos de la Corte Suprema de Justicia o resoluciones de Naciones Unidas), y conceptos como democracia, libertad de expresión, derecho a la información y tolerancia. Bullrich, ADEPA y FOPEA consuman una utilización corporativa, elitista y maliciosa de esos principios. El mismo Ministerio de Seguridad que pretende criminalizar la protesta, reservando un “corralito” para trabajadores de prensa, anuncia ahora pomposamente que podremos recurrir al Protocolo ante situaciones de riesgo, amenazas y violencia en ejercicio de la tarea profesional. Sin embargo, las y los trabajadores de prensa han sido los auténticos convidados de piedra, ignorados e invisibilizados por las empresas nucleadas en ADEPA y FOPEA, entidades absolutamente distantes y que nunca representaron los intereses y necesidades de los trabajadores y trabajadoras.

Con soberbia y prepotencia hablan de periodismo “independiente”, en nombre de las corporaciones multimediáticas que consideran a la información una mercancía. Y hablan de pluralismo y democracia, los que desmembraron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para sostener el monopolio y amenazan con penalizar a periodistas que informen sobre el blanqueo, mientras nada dicen sobre los más de 2.500 puestos de trabajo perdidos en el gremio de prensa nacional.

El Estado no necesita un protocolo para respetar y proteger la tarea periodística. Y el gobierno nacional debería saber que para reducir riesgos en situaciones de conflicto, es mejor una adecuada capacitación, un conocimiento del contexto y que las empresas provean las condiciones y elementos de trabajo adecuados. Y si el riesgo, la amenaza, la agresión aparecen, las y los trabajadores de prensa deben acudir a la Justicia, no a las fuerzas de seguridad.

ADEPA Y FOPEA también se arrogan la potestad de constituir una Comisión de Riesgos de la Actividad Periodística y la capacidad de calificar esos riesgos. Comparan situaciones ocurridas en México o Colombia para instalar un imaginario de que Argentina padece idéntica problemática, pero “olvidan” mencionar los muertos, entre ellos muchos periodistas, que en esos países generó la mano dura del Estado.

Por eso, advertimos: no queremos ser cuidados por los mismos que nos reprimen, atacan el pluralismo y la multiplicidad de voces, y despiden y precarizan a miles de trabajadores de prensa. Por eso rechazamos este Protocolo inaplicable, que deja al margen a más de 40 organizaciones sindicales de prensa de todo el país, representantes de miles de trabajadores, que mantienen contacto permanente con el trabajo periodístico en todas las provincias y conocen realmente los “riesgos” cotidianos. En cambio, convocaron a una entidad patronal minoritaria y a una ONG sin alcance territorial. Si la preocupación fuera proteger la seguridad de las y los trabajadores, deberían convocar a sus representantes para discutir en serio los problemas reales y las posibles soluciones aplicables. Firmado por la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa.

Recordamos que una de las primeras medidas del actual gobierno fue el Decreto de Necesidad y Urgencia que modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, elaborada con el consenso de organizaciones sociales, público, trabajadores de prensa, debatido a lo largo y ancho del país en foros de discusión.

¿Qué significa que se instale un Protocolo de Protección a Periodistas al mismo tiempo que los CEOs de los grandes grupos económicos manejan el país para beneficio propio? ¿Qué significa este Protocolo mientras se opera la brutal transferencia de recursos a las arcas de las corporaciones, mientras los sectores populares caen en la exclusión, la marginación y la imposibilidad de acceso a los alimentos? ¿A quién se protege?

¿Que hubiera sido de los crímenes de “Dario y Maxi” si los periodistas no hubiesen podido tomar ese riesgo y revelar el accionar de la maldita policía, amparada por el poder del estado nacional, al mando del entonces presidente interino Eduardo Duhalde?