Un torniquete a la sangría de dólares

En la última semana, el gobierno tomó una serie de medidas sobre el mercado vinculado al dólar. En simultáneo, el Congreso comenzó a discutir el Impuesto a las grandes fortunas. Dos medidas coyunturales y necesarias que dejan por fuera la discusión central: el sistema impositivo argentino.

Por Agustín Bontempo, Francisco Cantamutto e Ignacio Marchini

El gobierno del Frente de Todos heredó una situación crítica, con un arrastre de al menos dos años de caída del nivel de actividad pero, sobre todo, de crisis en el frente externo. A desgano, y sin mucha convicción, los funcionarios del gobierno de Cambiemos tuvieron que aplicar distintos tipos de restricciones al acceso a divisas (lo que se conoce como controles de cambios) para poder contener lo que se convirtió en un fenómeno de brutal impacto: la fuga o atesoramiento de divisas. En la medida en que estos controles fueron impuestos por el gobierno anterior, las medidas tomadas la semana pasada deben leerse como un perfeccionamiento y no un “giro”, como plantearon algunos sectores de la prensa.

Esta intensificación se debió a que, en el contexto de esta crisis económica que ahora tiene escala mundial, la salida de divisas del país ha tenido cierta continuidad, y si bien se logró retrasar el pago de la deuda, la salida por importaciones y atesoramiento mantenían su curso. El gobierno decidió que al límite de 200 dólares mensuales por persona que estaba vigente, se lo combine no solamente con el ahorro sino también con las compras al exterior, por lo que quien haga una compra al exterior va descontando de ese saldo mensual. En el caso de exceder ese valor, se distribuye en los meses subsiguientes hasta cubrir el total.

Esta medida para contener la compra tiene que ver con una práctica que se había generalizado en los últimos meses de lo que se llamó los “coleros digitales”. Eso quiere decir que, en medio de una crisis que solo tiene paragón reciente con la del 2002, mes a mes más personas estaban comprando dólares (casi 5 millones de personas) para venderlas luego en el mercado ilegal, lo que se conoce como el “dólar blue”. Debido a la diferencia entre el blue y el oficial, mucha gente podía sacar hasta una diferencia de 6000 pesos por operación. Esto no aporta absolutamente nada a la economía nacional y permite generar unos ingresos basados en una operación de tipo financiera especulativa, la cual no es cuestionable para quienes intentan obtener algún rendimiento mínimo pero ciertamente desde el punto de vista macroeconómico carece de sentido.

Algunas personas que realizaban esta operación tenían ingresos declarados por niveles de pobreza o incluso indigencia, lo que demuestra que forman parte de un esquema piramidal donde alguien utilizaba su cuenta o subcontrataba la cuenta para comprar los 200 dólares y pagarle una parte de la comisión del rendimiento obtenido en el mercado ilegal. Para frenar esto, el gobierno incorporó, además de este límite más restrictivo, una nueva percepción adelantada de impuestos por un 35% que se suma al 30% del impuesto PAIS ya vigente. No es un nuevo impuesto sino que se trata de una percepción adelantada que quienes pagan monotributo, impuesto a las ganancias o impuesto a los bienes personales, lo ven descontado en el momento de tener que pagar estos impuestos. De esta manera, además, el fisco adelanta recaudación. Quienes no pagan ninguno de estos impuestos, se les devuelve este valor luego de transcurrido un período fiscal.

Esto sube el precio que se paga en el momento y achica la diferencia con el valor que se paga en el paralelo, con lo cual la diferencia por comprar en el oficial y vender en el ilegal es mínima y no justifica el esfuerzo, al retrasar la devolución de esta percepción adelantada.

El primer efecto de esto fue una incertidumbre grande, que obligó a bancos y a distintos actores del sistema económico a readecuar estrategias y pensar qué es lo que se venía. Sin embargo, tampoco la brecha con el dólar paralelo se incrementó tanto, era un efecto que, al menos desde el oficialismo, indican que era esperado. La lógica sería ahora reducir la cantidad de compras del sistema financiero. Al ritmo que venían comprándose las divisas por atesoramiento de personas humanas, esto hubiera significado una salida total de recursos de alrededor de 10 u 11 mil millones de dólares en todo el año. Esos fondos no estarían disponibles en el Banco Central, que cuenta con alrededor de 7 mil millones de dólares.

De no poner algún tipo de restricción, debería haber activado el SWAP con China que paga tasas bastante altas de alrededor del 7% o hacer lo que hizo en el 2016 Alfonso Prat Gay y generar una devaluación que adecuara el precio del dólar oficial respecto del paralelo, lo cual hubiera generado un impacto devaluatorio e inflacionario muy severo que hubiera generado un efecto aún peor. Las medidas puestas en marcha afectan a sectores medios con cierta capacidad de ahorro y políticamente puede tener cierto costo pero la alternativa devaluatoria era aún más costosa: generar una devaluación que impacta de lleno no solamente en estos sectores sino también en los más pobres.

La medida, en este sentido, es positiva y debe ser entendida para controlar un recurso escaso para la economía argentina que debe ser contenido y para comenzar a desmontar la idea de que todo el mundo tiene que poder comprar dólares, cuando esto es una ficción.

Bajo el esquema de restricciones actualmente operativo no. Con lo cual no necesariamente era el frente más peligroso. Las importaciones o los pagos de deuda, por ejemplo, generan salidas bastante contundentes en el corto y en el mediano plazo.

Ahora bien, aceptando que no se trata del problema central en este momento y con las restricciones actualmente vigentes, no puede dejar de señalarse que el atesoramiento a nivel general sí es un factor de salida de divisas sustancial. Argentina de manera sistemática genera excedente de divisas por la vía comercial que son filtrados por la vía del pago de intereses, pago de utilidades y atesoramiento, además de los déficits sectoriales en la balanza de servicios y en toda la industria de mediana y alta complejidad.

Frente a esto hay que señalar que la derecha ha montado una campaña de acoso sistemático que pretende establecer que la Argentina estaría yendo hacia una especie de “economía planificada”. Esto hay que ponerlo en cuestión de manera severa. Los controles de capitales en situaciones de riesgo e inestabilidad están siendo aceptados incluso por el staff del FMI. No se trata de ninguna manera de una medida radical o extrema y el oficialismo ha dejado en claro que los están aplicando ante una situación muy particular y no como una convicción política de mediano o largo plazo. Lo que ocurre es que detrás del imaginario del dólar en el país se entrelazan un montón de significados que aluden a las crisis y ayudan a que esta interpretación caótica se generalice.

Sin ser un caos, sí está claro que la Argentina sigue aplicando controles o restricciones sin ir a tocar los intereses de los grandes factores de poder. Si se querían eliminar los mecanismos de salida de divisas, bien se podría haber actuado sobre la cúpula de fugadores compuesta tanto por personas físicas como por personas jurídicas, cuyos datos están disponibles a partir de los informes del Banco Central. También se podría haber discutido el pago mismo de la deuda externa, en lugar de solamente patear para adelante los plazos; o se podrían haber aplicado controles más severos al comercio exterior para restringir importaciones que puedan considerarse suntuarias o innecesarias.

¿Y el impuesto a las grandes fortunas?

La semana pasada finalmente se inició el debate en el Congreso por el impuesto a las grandes fortunas. Este impuesto se puso en debate en el mes de abril con diferentes niveles de radicalidad, según sea la propuesta que mostraba el oficialismo o aquellas que venían impulsando diferentes organizaciones sociales y políticas.

El proyecto se viene a instalar en un país que durante los cuatro años de gestión macrista se fugaron alrededor de 90 mil millones dólares a manos de algunos sectores que incluso en pandemia han seguido ganando. Son Paolo Rocca, dueño de Techint, Alejandro Bulgheroni, dueño de Panamerican Energy, Gregorio Pérez Companc, dueño de Molinos Río de La Plata, Alberto Roemmers, dueño del laboratorio homónimo o el más mediático Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre.

Sería injusto atribuirle toda la fuga de capitales a estas personas, pero sí han acumulado riquezas a fuerza de favores mientras la mayoría de la población perdía su poder adquisitivo mes a mes, incluyendo aquellas millones de personas que se sumergían en la pobreza.

Si la crisis se agudiza y no hay dinero para costearla, con todo el escenario antes expuesto alguien debe pagarla. Y es allí donde se instala este impuesto o, como lo denominó el gobierno, “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”.

La propuesta, que hemos abordado en un artículo reciente, tiene diversas particularidades, pero en líneas generales alcanza a aquellas personas (y no a sus empresas) que posean bienes de por al menos 200 millones de pesos aquí o en el exterior, con una escala impositiva que aumenta mientras mayor sea la riqueza. Se supone que alcanzaría a más de 12 mil personas y pretende recaudar algo más de 3 mil millones de dólares, que estarán destinados a cubrir diversas necesidades: insumos para enfrentar la pandemia, viviendas, salarios y subsidios de pequeñas y medianas empresas, incentivos educativos y energía, entre otras.

¿Es este impuesto una punta de lanza?

La respuesta es incierta. La pandemia vino a profundizar la desigualdad que existe en nuestro país y a poner en valor real cuáles son los sectores realmente esenciales. En ese marco, este impuesto es una necesidad que debe ser empujada por el conjunto de la población para que se apruebe en el Congreso y así poder paliar un poco los efectos de la crisis actual.

Sin embargo, en sí mismo sólo puede ser un momento de nuestra historia o, desde otro enfoque, un hito. El debate sobre la acumulación de riquezas en unas pocas manos mientras la inmensa mayoría de la población, cada vez con más frecuencia, ve la distancia que hay entre sus salarios y el cumplimiento de sus necesidades, siendo la vivienda digna y propia una de sus mayores expresiones, nos convoca a la reflexión de que es necesario repensar todo el sistema impositivo argentino. No es posible que Paolo Rocca, con sus 8 mil millones de dólares, pague el mismo impuesto por un litro de leche que aquellas personas que viven de un IFE de 10 mil pesos mensuales.

Si el debate por este impuesto y su aprobación abren la posibilidad a una transformación estructural, podemos pensar en un país más igualitario. Para eso, por supuesto, es necesario el involucramiento de la sociedad para ir a la conquista de sus derechos.

También podés escuchar nuestro podcast, donde charlamos del tema.