Una de cal y una de arena en Grecia

Francisco J. Cantamutto

La Comisión de la Verdad que el Parlamento griego puso en funcionamiento ya dio sus primeros resultados: la auditoría del tramo abierto 2010 ya estableció su carácter ilegal, ilegítima y odiosa. No obstante, este lunes Syriza cedió ante demandas de la Troika.

Como analizábamos en la nota titulada Syriza en el centro de la tormenta europea, el Parlamento griego, de la mano del partido gobernante Syriza, dio inicio a una auditoría sobre la deuda pública de su país. Desde que asumieran a principio de año, los pagos se han dilatado, realizando duras negociaciones con la Troika que exige una y otra vez lo mismo: ajuste y pago. En abril, la Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública fue mandatada para investigar sobre la creación y el aumento de la deuda pública, la forma y razones por las que fue contraída esa, y el impacto que las condiciones asociadas a los préstamos han tenido sobre la economía y la población. Además de buscar una concientización general de la población, la Comisión, presidida por el prestigioso especialista Eric Toussaint –que visitó Argentina el año pasado–, debe proveer argumentos para la negociación y opciones de salida.

La semana pasada presentó un informe preliminar sobre el tramo de deuda contraído desde 2010 a esta parte. Si bien su misión es investigar toda la deuda desde 1980, este primer paso provee herramientas de discusión sobre el explosivo proceso de “rescate” de Grecia que ha dado lugar, desde el estallido de la crisis internacional, a mayor endeudamiento y mayor ajuste social. La plataforma de Syriza se basó en la crítica a este programa, y esta semana quedó comprobado: el plan de “rescate” nunca estuvo diseñado para auxiliar a Grecia, sino para mantenerlo en crisis, y poder así pasar mayores reformas estructurales.

El informe –disponible aquí– determinó el carácter ilegal, ilegítimo y odioso de todos los tramos de deuda contraídos desde 2010: con el FMI, con el Banco Central Europeo, con los organismos de la Comisión Europea (la Troika) y, por supuesto, con los fondos buitres. Este análisis es detallado para cada acreedor, demostrando que se actuó de mala fe, violando leyes y la Constitución griegas, así como estatutos de los organismos, lo que determina la ilegalidad. Es decir, completamente viciadas de procedimiento. Pero además, debido a cláusulas asociadas a los programas de ajuste, destinados a maximizar los pagos sin reducción alguna de la deuda, a garantizar las reformas estructurales en perjuicio de la población griega, la deuda es ilegítima. Al ser contraída contra los intereses de los propios ciudadanos, la deuda es odiosa. El 90% de los fondos de la deuda entre 2010 y 2012 nunca entró siquiera al país, sino que se recicló en la propia contabilidad de los acreedores. Además de los extremadamente altos intereses, los fondos se dedicaron a un injustificable gasto militar, a recapitalizar el dinero fugado por los bancos privados, a compensar los ingresos fiscales perdidos por desgravar al capital, y a compensar fallas de diseño de la propia Unión Monetaria.

El informe de Grecia lo dice con claridad: “Toda la evidencia que presentamos en este informe muestra que Grecia no sólo no tiene la capacidad de pagar esta deuda, sino que tampoco debe pagarla” porque vulnera los “derechos humanos fundamentales de la población griega”. Es decir, el endeudamiento va contra toda la doctrina afirmada en múltiples tratados internacionales sobre Derechos Humanos. El argentino Juan Pablo Bohoslavsky, nombrado experto independiente de las Naciones Unidas sobre Deuda Externa y Derechos Humanos, reafirmó este hallazgo, urgiendo a la Troika a considerar el problema con seriedad.

Es que la Troika, tras 5 años de ajuste, y medio año de enfrentamiento con Syriza, no modifica su libreto. Exigen ajustes en pensiones, otra reforma laboral y subidas del IVA en bienes de primera necesidad como medicamentos, alimentación, agua y electricidad. Pero el presidente Tsipras sabe que los 7.200 millones de euros en juego no sólo aprietan a Grecia, negocia con esa carta. En caso de incumplimiento, Grecia se vería forzada a defaultear, y posiblemente salirse del euro para poder monetizar su sistema financiero y productivo. En ese caso, la amenaza caería sobre la fortaleza de la moneda común, que hace meses viene devaluándose frente al dólar. La estrategia de amenaza del “Grexit” está funcionando, porque Rusia ha expresado su apoyo: si la Unión Europea abandona a Grecia, Rusia estaría encantada de proveer fondos para inversiones en su territorio (aún clama por la derrota que le infligieron en Chipre). La diplomacia helénica tiene esto claro, y no deja de presionar, dispuesto a ir al default a fin de mes.

Como una expresión salvaje de la torpeza política de los organismos internacionales de crédito, la imposibilidad de ceder está llevando a toda Europa al abismo. Debemos recordar que estas instituciones, con el FMI como paradigma, son una cabeza de playa del capital estadounidense, forjados en la postguerra y afianzados como escuadrón de ataque con la caída del sistema Bretton Woods en los ’70. Es decir, expresan la hegemonía mundial estadounidense, en crisis en los últimos años. Y ante tal crisis, al igual que lo hacen en el plano militar, no pueden ceder para no mostrar debilidad política y porque el respaldo económico ya no tiene el poderío de otrora. Europa podría intentar salirse de debajo del ala yanqui, pero eso requeriría un programa propio… del que carecen por completo.

Las condiciones de los préstamos y programas de ajuste han llevado a Grecia al borde del colapso. No sólo no han sido de ninguna ayuda, sino que han empeorado el problema financiero (la deuda se torna impagable) y económico (el país no sale de la recesión). Pero además, han actuado contra todo lo que el pueblo griego demanda, vulnerado derechos humanos básicos. Por ello, la Comisión indicó: no sólo no se puede pagar, no se debe pagar.

Todo esto establece antecedentes legales de derecho internacional que permiten repudiar la deuda. Al pueblo argentino estas palabras deberían sonarles porque son los argumentos del fallo del juez federal Ballesteros, que duerme en el Congreso desde el año 2000, y que fuera recuperado por la Conferencia Internacional Deuda, Bienes comunes y Dominación desarrollada a principios de mes. En este sentido, el informe de la Comisión constituye un antecedente internacional muy valioso, que abona a lo que hemos reclamado por años las organizaciones sociales. Hasta ahora, contábamos sólo con la auditoría ecuatoriana.

Lamentablemente, este lunes, el gobierno de Tsripas ofreció a la Troika lo que ésta buscaba: aumentar el superávit fiscal con un programa regresivo. Suba de la edad jubilatoria (de 65 a 67 años) y suba del IVA (excepto para artículos de primera necesidad). Así, Syriza renueva la lógica de una de cal y una de arena en esta negociación que tiene en vilo al orden económico mundial.