Una jueza amenazada por fallar en favor de las mujeres

Marcela Pájaro es titular del Juzgado de Familia N°7 de Bariloche. Hace meses que Sebastián Escalada la hostiga y organiza fake news en su contra ya que ella permitió que su ex mujer y sus dos hijas viajaran a Estados Unidos en 2018. Hoy, los ataques recrudecieron y vive custodiada. Una historia de ataques machistas a una mujer con poder de decisión.

Por Redacción Marcha | Foto: Marcha

En dieciocho años de ejercicio es la primera vez que la jueza Pájaro vive una cosa así. Sebastian Escalada, un residente de Bariloche de 49 años, difunde todos los días videos y mensajes en redes sociales acusandola de haberle robado a sus hijas. Lo hace también en la vía pública, manejando un automóvil ploteado con la imagen de la jueza de familia.

En 2018 la ex mujer de Escalada solicitó un permiso para viajar a Estados Unidos, su país de origen, para acompañar a su padre que estaba muriendo. Presentó pasajes de ida y vuelta para ella y sus hijas, prometiendo regresar a los 90 días. La Dra. Pájaro le otorgó el permiso, como es habitual en situaciones así donde se presenta toda la documentación requerida. Pero no regresaron. El padre de la mujer falleció al poco tiempo, pero ella y sus dos hijas se quedaron viviendo en el estado de Texas. 

Una vez instalada allí, la mujer solicitó a la justicia una prórroga de su estadía. La prórroga fue denegada y se le ordenó que retornara junto a sus hijas al país en un plazo de 15 días, pero no lo hizo. Eso fue lo último que pasó en lo que compete a la jueza y sin embargo, las violencias contra ella por el fallo que permitió el viaje en primer lugar persisten. Escalada intentó viajar a Estados Unidos con una visa humanitaria pero le fue denegada, como así también se le denegó la acción de restitución internacional de menores. En el presente no existe ninguna tramitación de expedientes sobre el tema. 

Con una retórica similar a la que embandera a los varones organizado bajo el falso SAP, Sebastián Escalada y los hombres que lo acompañan acusan a la jueza de estar en una cruzada contra los padres y su derecho. Sin embargo, los archivos del juzgado de Pájaro muestran que sólo en los últimos 3 años se emitieron 46 autorizaciones para salir del país y en una sola, esta, se registró un no retorno. En una conversación en El Cordillerano Radio, la jueza agregó: “tenemos una frontera enorme con Chile y muchos ciudadanos tienen familia del otro lado, siempre autorizamos para salir del país, es un trámite sencillo”. 

Es que detrás de los ataques contra la jueza Pájaro hay un sistema violento que busca amedrentarla no sólo a ella, sino a todas las mujeres con poder de decisión que contradigan la voluntad de un varón. Y Sebastián Escalada tiene una historia de desacato y delitos que prueba su sentido de impunidad. En el año 1997, fue imputado en Paraguay por delitos de estupro y corrupción de menor a partir de un video que comercializó abusando de una adolescente.

Un informe de derechos humanos de ese año describe lo sucedido de la siguiente manera: “la madre de una menor inició una querella contra Sebastián Escalada, quien comercializó videos con escenas sexuales entre el mismo y la joven. El video en cuestión fue comercializado masivamente y exhibido en locales públicos en “sesiones reservadas”. El caso es llamativo por la generalizada complicidad ciudadana, ya que gran cantidad de personas admitió, privada y públicamente, haber visto el video. La protección contra este tipo de hechos es mínima en Paraguay, aunque la denuncia logró al menos que se decretara la prisión del acusado y el procesamiento de otros dos involucrados”. Y ese no es todo en su prontuario, ya que Escalada fue deportado de Estados Unidos en 2009 y estuvo involucrado en una causa por transferencias fraudulentas en ese país. 

Ahora, además, fue denunciado de forma penal y civil por los hostigamientos sistemáticos contra Pájaro luego de haberla amenazado de muerte públicamente en dos ocasiones. “El 21 de julio, el fiscal titular de la UFT°21 de delitos de violencia de género le imputó a Escalada los delitos de amenazas en contexto de violencia de género”, destaca Karina Chueri, abogada de la jueza. Los delitos que se le imputan son dos en particular, a pesar de que los hostigamientos fueron múltiples y no todos encajan en un tipo de ataque. “El primer hecho ocurrió el 12 de marzo en el marco de una charla organizada por APDH Bariloche. Allí iba a disertar Elena Naddeo y estaba invitada Marcela Pájaro. Escalada se hizo presente de forma violenta, solicitó hablar con Naddeo y la increpó. Ella respondió que ella no tenía nada que ver ni podía ayudarlo, y entonces Escalada se dirigió a la secretaria general de UnTER y le pregunta: “¿qué tengo que hacer, matar a la jueza?” Se lo invitó a retirarse”, repasa Chueri. El segundo, más reciente, fue a mediados de junio. Escalada y un grupo de hombres autoconvocados se presentaron en la puerta del juzgado en el que estaba Marcela Pájaro. Cuando les respondieron que no los atendería, Sebastián Escalada respondió: “¿qué es lo que esperan que haga? ¿que tenga que volar el edificio?”. La abogada de Marcela Pájaro agrega que estos actos de hostigamiento suceden hace tres años. “Escalada se apareció en cuanta actividad académica participara Marcela”, explica. 

Para preservar el proceso, la jueza no dará declaraciones al respecto. Pero de esta historia se desprende un esquema recurrente que habla de violencias machistas sistemáticas: en su ejercicio Marcela Pájaro falló con perspectiva de género y a favor de las demandas de la agenda de mujeres, lesbianas, travestis y trans múltiples veces. A pesar de que el Poder Judicial no se actualice al ritmo de los avances sociales, su compromiso como jueza fue de sí hacerlo. En estos años, falló a favor de la aplicación de protocolos de interrupción legal del embarazo, a favor de solicitudes de cambio de apellido paterno en el caso de situaciones de abusos intrafamiliares, preservó la seguridad de madres e hijos en situaciones en las que padres violentos solicitaban régimen de comunicación y de visitas, entre otros casos. Y la respuesta violenta de un grupo de varones organizados no es más que otra expresión del backlash contra los gestos que cumplen con una agenda de derechos. 

Apoyos y respuestas institucionales

Las respuestas institucionales contra la violencia dirigida hacia Marcela Pájaro son muchas. Por un lado, el Consejo de la Magistratura archivó una denuncia que Escalada presentó en su contra. La decisión fue unánime. En ese sentido, desde Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro (SENAF) se emitió un comunicado en el que resaltó que “se trata de una persona comprometida con los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que así lo deja plasmado en cada una de sus resoluciones judiciales”. “Queremos acompañar a Marcela Pájaro brindándole nuestro apoyo, no solo a su persona, sino a su carrera judicial, a su profesionalismo, a su ética comprometida y a sus virtudes como profesional del derecho”, agregaron. 

Además, expresaron su apoyo APDH, UnTER Seccional Bariloche, el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Psicólogos Zona Andina y la Red de Mujeres para la Justicia.