Familiares y sobrevivientes de Cromañon asistieron ayer a la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura porteña para reclamar una ley de reparación integral que contemple la salud, la educación, la inserción laboral y un aumento del subsidio.
El proyecto de ley presentado por los sobrevivientes y familiares de las victimas de Cromañon contempla la cobertura en la asistencia a 1500 personas, garantizando el acceso a la salud, al trabajo, la terminalidad de estudios y la actualización y fijación del subsidio de $600 que se viene dando de forma intermitente y sin ningún tipo de aumento desde el año 2005.
Los sobrevivientes exigen que se aceleren los tiempos y se de tratamiento inmediato a la ley, por lo que en el día de ayer se presentaron a la once de la mañana en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura porteña como medida de presión, según afirmó en diálogo con Radio Sur Facundo Nivolo, uno de los sobrevivientes, porque de otra forma “a la ley no la terminan de confeccionar”.
Nivolo hizo referencia a los motivos por los cuales la asistencia es necesaria y comentó su situación personal, que refleja muchos de los casos de las personas que estuvieron esa noche en el boliche de once.
“Yo gracias a dios no tuve secuelas físicas, las secuelas son psicológicas y son permanentes. Yo perdí a mi mejor amigo, estuve 10 días en terapia intensiva, despertarte y ver un montón de pibes en tu misma situación, esas secuelas reaparecen todo el tiempo. Por eso necesitamos mucho la asistencia psicológica y la asistencia psiquiátrica, y ese es uno de los aspectos fundamentales de la ley, estar atentos a las lesiones de índole psicológica y las de índole pulmonar más que nada porque aspiramos veneno nosotros”, aseguró Facundo.
El proyecto de ley fue confeccionado con los aportes de Juan Cabandie (Frente Para la Victoria) y Laura Garcia Tuñon (Buenos Aires para Todos) y queda por determinar todavía varias cuestiones técnicas de los diversos puntos que contempla el proyecto, tarea que le corresponde a la Comisión de Derechos Humanos.
“Lo que se está haciendo ahora es ver punto por punto cuestiones técnicas. Pero en ese revisado vemos la actitud del interlocutor, que es el rabino Bergman (PRO), que es de frenar este proceso, y esto lo venimos viendo hace dos meses”, denunció Nivolo.
Por su parte y también en diálogo con Radio Sur, Laura Garcia Tuñon explicó el por qué y cómo surge el proyecto de ley integral.
“Presentamos un proyecto a la Comisión de Derechos Humanos porque este año se vence el subsidio que se le da a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas. Vinieron varios de los grupos a plantearnos esta situación, muchos de ellos no han podido conseguir trabajo, algunos siguen con dolencias que van a tener toda su vida, mas el dolor de los que perdieron a alguien”, relató la legisladora.
“Ellos trajeron un proyecto que era muy amplio y abarcativo y nosotros lo tradujimos a un proyecto legislativo que habla de que se les dé una asignación vitalicia a este grupo de sobrevivientes, que no son tantos los que hoy actualmente cobran, y que sea igual al salario mínimo, vital y móvil. A su vez que promueva facilidades para la atención medica, la atención psicológica, la atención cultural, y alguna facilidad también en promover el trabajo en las distintas empresas que están en la Ciudad de Buenos Aires” agregó Tuñon.
La legisladora afirmó que están trabajando para que la ley se apruebe con el consenso de los distintos bloques, para que de esta manera Macri no pueda vetarla. En la misma línea se le solicitó una reunión a la vice jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Maria Eugenia Vidal, en la que se expondrán los argumentos de la responsabilidad del Estado en la asistencia a las victimas.
“Nosotros pedimos una reunión a la vice jefa de gobierno para que entendieran que esto es un tema que obviamente excede al gobierno de Macri, pero que es una deuda de la Ciudad de Buenos Aires, fue una falta de gestión. De hecho al remover al entonces jefe de gobierno Anibal Ibarra, al estar condenados funcionarios del gobierno de la ciudad, el estado es responsable”, explicó Tuñon.