Uso ilegal de datos personales: la base de la campaña de Vidal y Santilli

En la última semana, se conoció que el gobierno porteño de Horacio Rodriguez Larreta estaría haciendo uso ilegal e ilegítimo de datos personales, recolectados por medio de una empresa que tiene la concesión de la Línea 147. Entrevista con Tamara Rossi de Defensoría de Laburantes.

Por Agustín Bontempo e Ignacio Marchini

 

Esuchá la entrevista completa

 

Trabajadores y trabajadoras de call centers denunciaron que el gobierno porteño hizo un uso ilegítimo de datos personales recolectados a partir de la línea 147, con el fin de que los mismos sirvan para la campaña electoral tanto de María Eugenia Vidal como de Diego Santilli.

Además de esta denuncia, las y los trabajadores aseguraron que trabajan en condiciones de precarización, hostigamiento y malos tratos.

En ese marco, la organización Defensoría de Laburantes inició un relevamiento y recolección de pruebas sobre el uso ilegal e ilegítimo de datos personales. Además, la misma organización está acompañando a quienes trabajan para GIV S.R.L. empresa que tiene la concesión de la Línea 147.

Marcha dialogó con Tamara Rossi, abogada e integrante de la Defensoría de Laburantes, en el programa de radio Antes que se acabe el mundo

¿Cómo recibieron la denuncia por el uso ilegal de datos personales?

Fue un poco de atar cabos. Primero, desde la Defensoría de Laburantes, acompañamos a trabajadores y trabajadoras en reclamos por incumplimiento en sus derechos laborales. Trabajamos y acompañamos a personas que trabajaron en esta empresa privada, en este call center hace tiempo y en marzo de 2021 descubrimos y sacamos un informe a modo de visibilizar que el Gobierno de la Ciudad amplió la concesión que tenía con esta empresa en un 2.400 %. Esto significa que hubo un aumento de presupuesto de 750 millones de pesos. 

En ese momento, nosotros denunciamos la privatización del servicio y la precarización de las trabajadoras en la Línea 147. Sin embargo, en las últimas semanas, comenzamos a recibir consultas de trabajadoras de este call center que denuncian que en lugar de estar cumpliendo funciones para la Línea, estaban teniendo que trabajar en la campaña de María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires y de Diego Santilli en la provincia. De esta manera es que nosotros comenzamos a investigar y entendemos que, por un lado, a qué se debía esa ampliación de la concesión del mes de marzo. Formalmente, venían cumpliendo las tareas que ya desarrollaban en el 147, sin embargo, meses después, nos cierra un poco la ecuación cuando las trabajadoras nos dicen que no están trabajando en el 147 sino en la campaña de Diego Santilli y María Eugenia Vidal y ellas mismas son las que dan testimonio de que lo hacen con las misma base de datos que completan cuando reciben llamados al 147.

¿Cómo fue sistematizando los datos el gobierno porteño?

Tenemos muchos relatos porque con la difusión de nuestra denuncia y todo lo que estamos tratando de visibilizar, de alguna manera se han acercado muchos y muchas trabajadoras de esta empresa que van confirmando y sumando testimonios y se va armando un relato colectivo. Cuando cumplían funciones en el 147, a cualquier vecino o vecina de la Ciudad que llamaran, ya sea para consultar donde renovar la licencia de conducir o para pedir que se pode un árbol, le tienen que pedir una serie de datos si ellas no los tenían. Es decir, trabajaban con una base de datos, constataban lo que ese vecino les decía, y si ese vecino no estaba cargado, lo tenían que cargar. Nombre completo, domicilio, fecha de nacimiento, varios datos. Luego, estas mismas trabajadoras, en la campaña tenían que llamar a estas personas para invitarlas a tomarse un café con la candidata Vidal en capital o Santilli en la provincia.

Desde la Defensoría estamos llevando adelante una campaña para que vecinos y vecinas que hayan recibido este tipo de comunicación, que no hayan dado su información y su consentimiento para esto y quieran denunciar, pueden hacerlo mediante nuestras redes para sumar testimonios, sumar pruebas y hacer una denuncia penal que esperamos confirmar legalmente la semana próxima.

Las y los trabajadores denuncian condiciones de precarización para el desarrollo de sus tareas, ¿Cuál es la situación?

La punta del ovillo es por las circunstancias laborales de las trabajadoras. Digo trabajadoras porque en su mayoría son mujeres, si bien hay trabajadores varones, hay una gran cantidad de mujeres, sumamente jóvenes, nacidas después del 2000, 2001, que no tienen otra salida laboral y necesitan el poco dinero que les ofrecen. En este caso, estamos hablando del trabajo en el call center de campaña, una jornada laboral de 12 horas, de Lunes a Sábados, y esto tiene una particularidad: la jornada laboral en call centers es por ley de 6 horas porque se considera una actividad insalubre. En este caso, la empresa las hacía trabajar jornadas de 12 horas, el doble de lo legalmente permitido. Estamos hablando también de malos tratos, de supervisores que les decían que no tomaran agua para no ir al baño, es muy delicado y hay muchos testimonios de trabajadoras que relatan insultos hacia sus personas y hablan de hostigamiento de su intimidad. Por ejemplo, que ellos tenían acceso a lo que quisieran hacer de sus redes sociales, lo que ellos pudieran decir. Que si querían denunciar, denunciaran, ya que había una supervisora con 40 denuncias pero tenía el apoyo de los de arriba y les daban vía libre a hacer lo que quisieran.

Hace mucho que venimos acompañando a trabajadores y trabajadoras de la ciudad desde un montón de ámbitos y puntos de vista. Por ejemplo, agentes de tránsito con monotributo. También hay una red de precarización muy grande en salud. No hace falta que profundice yo porque todos estos meses ha sido visible el reclamo del sector en la ciudad y ahora la terciarización que están ejerciendo sobre las trabajadoras de call center se agrava en la campaña cuando las presionan y las maltratan en pos de un resultado electoral.

¿Hay legislación que proteja a la ciudadanía? En definitiva también son víctimas de este uso ilegítimo de datos y Argentina es un país con bastante atraso en materia de regulación.

En realidad, está prohibido. Desde el punto de vista penal, la utilización de datos personales para fines a los cuales esa persona no autorizó no se puede hacer. Por eso estamos recolectando testimonios de vecinos y vecinas y capturas de pantallas, porque también hay mensajes de texto, de whatsapp, mails. Hay mucho avasallamiento por parte de estas prácticas que principalmente son de la ciudad y el oficialismo respecto de la privacidad y la esfera íntima de las y los vecinos. Y también tenemos una regulación local porque acá lo que sucede es que el principal responsable de que se cumpla, es el Gobierno de la Ciudad. Y quien está ejerciendo este avasallamiento es el gobierno de la ciudad a través de una empresa privada que avala, porque terciariza y le amplía el presupuesto en un 2400%, ahí está el debate, el reclamo y la denuncia pública, ahí está la explicación que el gobierno de la ciudad nos debe a todxs.

¿Esto está vinculado al uso de fondos públicos para publicitar sus perfiles personales, como se señaló hace poco en relación a Larreta y Santilli?

Desde ya, la prueba más fehaciente que tenemos de que esta campaña y esta gestión del call center en favor de la campaña política del Pro está financiada con fondos públicos, como el hecho de la ampliación del presupuesto de la licitación que tiene GIV S.R.L sin que hayan variado de ninguna forma sus tareas. Es decir, pasaron de tener 264 (aproximadamente) operadores a tener casi 3.000 sin que haya cambiado esa licitación. Porque no es que les dieron otro servicio, ellos seguían con la obligación solamente de cumplir con el 147. Sin embargo, obviamente, la partida presupuestaria asignada es mucho mayor, por mucho de lo que se necesitaba para esto, por eso es que cabe la sospecha de que esto encima es pagado por dinero de las y los contribuyentes.