Vaca Muerta: crónica de una muerte anunciada

En los últimos quince meses, ocho trabajadores/as del sector petrolero murieron en Vaca Muerta, provincia de Neuquén,  que engrosan el número de muertes,  heridas/os,  a lo que se suman los accidentes ambientales. Otras actividades también suman gran cantidad de casos de “asesinatos laborales”.

Por Mario Hernández Foto: BAL[i]

En los últimos quince meses, ocho trabajadores/as del sector petrolero murieron en Vaca Muerta, provincia de Neuquén. Según datos oficiales, de la Subsecretaria de Ambiente de la provincia, ente 2015 y 2018 se produjeron 3.368 accidentes en el sector de los hidrocarburos, de los cuales el 48 % (1.637 casos) ocurrió entre 2017 y 2018. En el período que va de enero a octubre del año pasado se registraron 934 incidentes. También ocurrieron accidentes ambientales.

Convenios colectivos a la medida de las petroleras

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, conducido por el senador nacional del MPN, Guillermo Pereyra, convalidó la modificación del Convenio Colectivo de Trabajo impulsada por el Gobierno nacional y las operadoras. El presidente Mauricio Macri prometió que las adendas (apéndices al contrato), solo en Vaca Muerta,  traerían “más inversiones” y la creación de “medio millón de puestos de trabajo”. Pereyra, por su parte, le garantizó la “paz social” al firmar un nuevo acuerdo que le impidiera a los trabajadores realizar huelgas, con el objetivo de proteger la “seguridad jurídica”.

Según datos oficiales del Observatorio del Empleo y la Dinámica Empresarial, que depende la Secretaría de Trabajo,  entre diciembre de 2015 y 2017, se destruyeron en esa provincia 2.437  puestos de trabajo directos del sector de los hidrocarburos.  Luego, de acuerdo a lo convalidado por el propio sindicato,  fueron recontratados 1.400 trabajadores pero flexibilizados.

Lo que sucede en Vaca Muerta es la crónica de un accidente anunciado”, sostuvo Hernán Palermo,  director de la Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo e investigador del CONICET, “en Vaca Muerta ocurre un proceso de pauperización bestial de las condiciones objetivas de trabajo. Macri inauguró ese Convenio Colectivo entre 2016 y 2017 como el caso testigo para el resto de las ramas de la industria y si lo comparás con el resto de las actividades, hay cosas atroces: cuadrillas incompletas que pueden operar, trabajo nocturno, modificaciones en el trabajo en altura con fuertes ráfagas de viento.

El domingo de la semana pasada, Cristian Baeza, un joven de 34 años, cayó a un tanque de combustible de la empresa Pecom (Grupo Pérez Companc), que prestaba servicios para Tecpetrol, la firma del Grupo Techint. Su compañero, Maximiliano Zappia (24), intentó rescatarlo pero ambos murieron.

Tuvieron que suceder estas muertes para que el titular del sindicato, Guillermo Pereyra,  intentara una autocrítica y luego de una asamblea el viernes pasado el gremio decidió frenar las operaciones en Pecom hasta que se garanticen las medidas de seguridad. A través de un comunicado, el gremio señaló que “parar la planta de Tecpetrol no es una medida de fuerza sino de una revisión de la seguridad en la actividad”.

El paro del sindicato petrolero comenzó el lunes 13 de mayo,  incluyó la inspección sindical a las instalaciones de la empresa Tecpetrol. En la medida de fuerza también reclamaron la reducción de la jornada 10 por 5 y la eliminación de los campamentos a campo abierto y de los recorredores de los pozos. De acuerdo a lo informado por la agencia Mundo Gremial, las inspecciones continuarán por el resto de la cuenca.

César Poo (46) falleció el 4 de febrero de 2018, en Agua Salada, a pocos kilómetros de Catriel, cuando realizaba tareas en un equipo de perforación. El operario era parte del equipo de la empresa contratista Ensign, que brindaba servicios para la firma Tecpetrol.

Julio César Sánchez (37) murió el 22 de mayo del año pasado aplastado por una piedra cuando llevaba a cabo trabajos para el área El Mangrullo, como operario de la firma UGA, tercerizada por Pampa Energía.

En julio de 2018 perdió la vida Daniel Torres (26), luego de permanecer internado con severas quemaduras; realizaba trabajos para la firma Omega, en Añelo. Y en agosto murió Miguel Ángel Chocala Fernández (35), empleado de la empresa Nabors (Yacimiento de El Chañar).

Mauricio Segura (35) ingresó a trabajar por primera vez en el sector petrolero en agosto de 2018. Fue uno de los trabajadores que se incorporó al sector luego de los 2.400 despidos en la provincia, flexibilización mediante. Tres meses después murió.

Según Santiago Nogueira, diputado neuquino por Libres del Sur, “estas muertes son muy difíciles de disociarlas de la carrera alocada por reducir los costos de la actividad. La mayoría de los accidentes se produjeron entre los días 10 y 12 del régimen laboral de 14×7 (se trabaja dos semanas de corrido y se descansa una), que son los momentos en los cuales el trabajador está con menos atención, cansado, ya preocupado de volver a su hogar. Y esto tiene que ver con la adenda firmada para los no convencionales”.

La adenda al Convenio colectivo del sector incluyó la disminución de la cantidad de trabajadores por pozo y cuadrillas, las multitareas, una expresa limitación para realizar medidas de fuerza; se modificaron también las restricciones para trabajar en el montaje de torres cuando ocurrieran fuertes ráfagas de viento (hasta 60 kilómetros por hora). Al momento de firmarlo, las empresas petroleras estimaron un recorte del 40 % en sus “costos laborales”.

Asesinatos laborales

Brian trabajaba en una papelera. Sandra y Rubén trabajaban en una escuela. Martín trabajaba en el cableado eléctrico del ferrocarril. Nahuel, Cristian, Néstor, Rodrigo, Luciano, Jonatan, Carlos, Rodrigo y Salvador trabajaban en altamar. Trabajadores y trabajadoras que perdieron la vida por el simple hecho de ir a ganarse el pan de cada día. Sus nombres integran la lista de los 375 asesinatos laborales que se produjeron en la Argentina entre octubre de 2017 y septiembre de 2018. La realidad que se desprende de esa cifra es invisible para la mayoría de la sociedad: en el país muere una persona cada 20 horas por condiciones inseguras en su lugar de trabajo. Por eso se habla de asesinatos y no de accidentes laborales.

Para darle visibilidad a esta problemática, en diciembre pasado se presentó en Buenos Aires el primer “Informe Anual de Asesinatos Laborales en Argentina”, elaborado por el espacio Basta de Asesinatos Laborales (BAL). Allí confluyen familiares de víctimas, el Taller de Estudios Laborales (TEL), el colectivo de cine militante Silbando Bembas y diversas Comisiones internas y representantes gremiales “combativos” (delegados de la Línea 60 de colectivos, trabajadores del neumático pertenecientes al SUTNA, la Junta Interna de ATE en el INTA, Municipales de Avellaneda, docentes de SUTEBA Tigre, ferroviarios y bancarios, entre otros).

El informe fue elaborado a partir de datos publicados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y un relevamiento propio de testimonios directos y fuentes periodísticas. De las 375 muertes registradas en 12 meses (octubre 2017-septiembre 2018), el documento menciona que “la amplia mayoría de los/las trabajadores/as muertos/as eran personas jóvenes (entre 30 y 40 años)”. Además, “se conocen casos de personas mucho más jóvenes que fueron enviadas  por las jefaturas a realizar tareas muy peligrosas, sin la capacitación y los elementos necesarios”, con casos extremos en los que “su primer día de trabajo en una empresa fue el día de su muerte”.

Son todas muertes evitables provocadas por falta de medidas de seguridad por parte de las empresas o los organismos empleadores. Luego está la ausencia del Estado, tanto en el control como en la sanción a través de la Justicia. El tercer agravante es el rol de las burocracias sindicales, que actúan en complicidad con las patronales y el Estado al no levantar la voz cada vez que se pierde una vida en el trabajo.

Tomando en cuenta las ramas de actividad, los asesinatos laborales contabilizados corresponden a: Transporte (20%), Construcción (18%), Industria (12%), Agropecuaria (11%), Comercio (11%), Administración pública (10%), Servicios financieros (5%), Servicios (5%), Pesca (3%), Electricidad (2%), Minería (2%) y Otros (1%).

Desde BAL remarcaron especialmente que la información suministrada es parcial: solo se computaron los llamados “accidentes en el trabajo” (si se contemplaran los “accidentes in itinere” -en el viaje del hogar al trabajo y del trabajo al hogar- las cifras serían más abultadas) y solo se tomó en cuenta a la población con trabajo registrado (excluyendo a, por lo menos, un tercio de la clase trabajadora que cumple tareas de modo informal). En este laberinto de grises hay que agregar que muchas empresas y organismos tercerizan sus tareas (restringiendo derechos laborales) y que “sólo el 45,2% de los trabajadores y trabajadoras formales encuestadas” por la SRT manifestaron estar cubiertos por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

El informe también señala que “es llamativo que no exista prácticamente registro de las muertes por enfermedades profesionales (EP)” en el país, ya que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mundo las EP tienen una incidencia mucho mayor que los “accidentes” en los decesos. Puesto en perspectiva, el drama de los asesinatos laborales parece todavía mucho más grave de lo que reflejan las cifras oficiales.

[i] Basta de Asesinatos Laborales

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BASTA DE ASESINATOS LABORALES