Valle de Tambo: una historia de resistencia popular

Por Mateo Munin Prado y Sebastián Munin Prado, desde Perú.

Al grito de “Agro sí, Mina no”, las poblaciones de Arequipa, Cusco, Puno, Cajamarca, Moquegua, Apurímac, Tacna y Ayacucho se movilizan contra la explotación de la mina Tia María.

La lucha desarrollada por la población peruana es contra el proyecto minero pero, ante todo, a favor de un modelo económico sustentable que garantice condiciones de vida digna a los pobladores. El paro convocado en solidaridad con el reclamo pro-agrario del pueblo del Valle del Tambo ha contado con el apoyo de diversos sectores como sindicatos, asociaciones de campesinos, agrupaciones estudiantiles y culturales, y cooperativas de viviendas. Dicho paro Macro-Regional viene a fortalecer la lucha de más de dos meses que encabezan los pobladores de Cocachacra, principal poblado afectado por la minera.

El proyecto “Tía María”

El proyecto de extracción de minerales a cielo abierto Tía María” es desarrollado por la Southern Copper Corporation (SCC) y se encuentra en el Valle del Tambo, provincia de Islay (región de Arequipa), una zona dedicada plenamente a la producción agrícola y ganadera que abastece tanto a Arequipa, como a otras ciudades y países. El proyecto tiene por finalidad extraer cobre y oro en dos yacimientos a cielo abierto: “La Tapada” y “Tía María”. Dichas explotaciones están planificadas para ser usufructuadas por 18 años y, según los pobladores, se afectan a más de 13 mil hectáreas de cultivo.

Las causas principales del conflicto son el impacto ambiental y la actividad económica de los pobladores de este rico y productivo valle.

La minería a cielo abierto genera desequilibrios ambientales, contaminando el aire, la tierra y el agua de las zonas circundantes, además de un consumo de agua en grandes cantidades, que se utiliza para separar el metal con cianuro y otros elementos contaminantes.

Según el ingeniero civil en minas David del Carpio Lazo, la extracción de minerales en Tía María se calcula en 100.000 toneladas de cobre anuales, con 72.000.000.000 de dólares de utilidad en 18 años. Por las dimensiones del proyecto se infiere que el mismo no durará ese período, sino que se extenderá por no menos de 50 años. Por otro lado, Carpio Lazo cuestionó la forma en la que serán almacenados los minerales, ya que serán depositados en el suelo, sobre una fina capa de arcilla que no sirve para evitar el filtramiento del cianuro y otros contaminantes a las napas subterráneas. Asimismo, se generará contaminación del aire y la tierra debido a las voladuras que producen 800.000.000 kilos de polvo contaminante cada dos días. El ingeniero indicó que dichos contaminantes no podrán ser tecnológicamente contenidos por su magnitud, afectando al valle que se encuentra a escasos 700 metros.

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Southern y su oscuro pasado

La empresa transnacional Southern es una subsidiaria del Grupo México, un holding minero formado por capitales mexicanos-estadounidenses. El grupo posee graves antecedentes en la explotación de recursos naturales. Grupo México cuenta con proyectos de explotación en Estados Unidos, México y Perú, entre otros países.

En Estados Unidos, la subsidiaria ASARCO fue denunciada por transferencia fraudulenta de acciones y contaminación con plomo, arsénico y dióxido de sulfuro en El Paso, Texas.

Este no es el único antecedente negativo. La empresa fue responsable de la contaminación del Río Sonora, uno de los peores desastres ambientales de la historia de México, donde el grupo fue denunciado por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) por el derramamiento de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, afectando a siete distritos y envenenando a más de 24 mil personas. Este hecho se debió a la deficiente construcción de las instalaciones de la planta. También se responsabiliza a la compañía por la muerte de 65 mineros en 2006, quienes trabajaban en la extracción de carbón en la mina 8 de Pasta de Conchos de Coahuila, en México.

Pero las prácticas del Grupo México no se quedan en el proceso extractivo. En España, la empresa fue acusada por irregularidades en la concesión de la explotación de la mina Aznalcóllar en Sevilla, por lo cual el contrato fue revocado por el gobierno de Andalucía.

Asimismo, el grupo ya cuenta con explotaciones en Perú, en Moquegua y Tacna, con serias consecuencias ambientales. Estos son solo algunos de los oscuros antecedentes de la firma, los cuales generan una justificada desconfianza en los peruanos.

Historia del conflicto

La lucha del pueblo de Cocachacra no es nueva. En 2009 surgió la desconfianza hacia la empresa minera luego de que esta presentara el Estudio de Impacto Ambiental donde preveía la utilización de agua del río Tambo (principal fuente de abastecimiento del valle). Ante esto, el municipio realizó una consulta popular sobre la implementación del proyecto: más del 90% de los pobladores (2,916 de los 3,131) expresaron su rechazo.

Durante las protestas de abril de 2011 contra el megaproyecto minero la represión policial le quitó las vidas a Néstor Cerezo Patana, Aurelio Huarcapuma Clemente y Andrés Taipe Chuquipuma

Ante la desaprobación y desconfianza de la población, el “Estudio de Impacto Ambiental” fue presentado mediante un convenio (escandalosamente rescindido ante las evidentes fallas del estudio) para su análisis a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS) la cual realizó 138 observaciones. Frente a su inviabilidad, el plan extractivo fue suspendido por no contar con las exigencias mínimas para su ejecución.

Hacia fines de 2013 la empresa reactivó sus pretensiones de ejecutar el proyecto, lo que generó nuevos enfrentamientos en las audiencias públicas en las que, según el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, no se brindó espacio suficiente a la población. El ingeniero David Lazo afirmó que la aprobación del actual Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en audiencia pública es consecuencia de que Southern pagó y trajo a más de 250 personas para aprobar dicho estudio con la presencia de más de 2.000 policías. A la hora y media de audiencia, el Ministro de Minería finalizó la audiencia y respaldó el EIA.

En esta oportunidad la empresa afirmó que no utilizaría aguas subterráneas para el desarrollo del proyecto sino que construiría una planta de desalinización a 10 kilómetros de la zona de explotación para utilizar agua de mar en el proceso de extracción. En esta propuesta no se contemplaba el problema de la desalinización del mar. Lazo señaló la falta de un estudio acabado sobre cómo afectaría el proceso de ósmosis inversa al entorno marítimo, ya que se modificaría la acidez del mar y aumentarían las temperaturas del mismo, ahuyentando a algunas especies de peces y matando a otras, provocando marea roja con la consiguiente contaminación de los crustáceos que son consumidos por la población.

El día 22 de abril de 2015 se difundió un video donde se puede observar cómo la policía, durante un operativo en el que reprime a manifestantes en el pueblo de Cocachacra, le planta un arma a Antonio Coasana, generando indignación en la población. Sin embargo, el gobierno continúa confiándole la seguridad y la vida de las personas.

Un mes después la policía se cobró la séptima víctima en la historia de este conflicto. Ramón Colque Vilca, de 55 años, fue asesinado. Según la primera versión del gobierno, su muerte ocurrió por un “piedrazo en el ojo”, pero luego de la autopsia oficial se supo que había fallecido por un impacto de bala en el tórax. Rápidamente, el Ministro del Interior deslindó de responsabilidades a la policía.

Ante la muerte de Vilca, se acusó a los pobladores de arrojar un cartucho de dinamita al interior de la comisaría del lugar. Este hecho fue cuestionado por los pobladores de Cocachacra, quienes responsabilizan a la policía por la explosión del supuesto cartucho de dinamita, utilizado para incriminar a la población y justificar la brutal represión contra el pueblo del Valle de Tambo y la posterior declaración del estado de emergencia por 60 días.