Vendedores callejeros al borde del desamparo y la desesperación

Por Vivian Palmbaum

Los “manteros” se movilizaron de manera pacífica hasta el Ministerio de Ambiente y Espacio Público para visibilizar la problemática y peticionar una solución. La falta de respuesta provocó que se trasladaran hasta la Jefatura de Gobierno para exigir una respuesta, que tampoco encontraron.

Hace más de una semana que las imágenes de la televisión muestran el conflicto con los vendedores callejeros de la calle Avellaneda, en el barrio de Flores, perseguidos y desalojados por la Policía, con gran despliegue de la parafernalia represiva. Les ofrecen un galpón para trabajar en las inmediaciones del barrio del Once, que lógicamente no podrá albergar a todos. Muchos se hallan en una situación desesperada, sin recursos para subsistir y alojarse, al borde de engrosar las filas de habitantes callejeros, junto a sus familias.

En una difícil situación se halla este sector de trabajadores populares perseguidos y estigmatizados por los medios que favorecen la construcción de ese imaginario colectivo del espacio público. En este momento su situación es de extrema vulnerabilidad porque se les impide trabajar para poder ganarse el sustento diario. Hoy, en la calle, la consigna era “con el hambre no se juega”. No son empresarios, ni capitalistas, pertenecen al campo popular de menores recursos que hoy, por la ausencia del trabajo diario, no tienen para pagarse las piezas de hoteles o pensiones y cuyos niños solo están comiendo en la escuela, y están a punto de quedar en la calle.

Cuando uno recorre los países de Nuestra América es posible apreciar que la venta callejera es un uso extendido en todas las ciudades, puesto en práctica por los sectores populares y de menores recursos, frente a un mercado del trabajo que ha llegado a un límite y que se ha volatilizado por la creación de nuevas tecnologías y la crisis financiera mundial. Una verdadera crisis civilizatoria ha empujado a las personas a encontrar diversos modos de subsistencia. En una charla con Gabriela Olguin de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) nos dio algunas precisiones que conviene tener presente.

¿Feriantes, manteros o vendedores ambulantes?

Vulgarmente se dice que el feriante está en una feria y el mantero está en la calle, su reivindicación común es la lucha por vender en la calle y el estado de necesidad, de emergencia. Es una práctica que se viene extendiendo desde hace muchos años para sostener las precarias economías de los sectores populares de mayor vulnerabilidad. Se exponen a soportar las variaciones climáticas: sol, lluvia, temperaturas extremas, para ganarse la vida de manera digna, sin ningún derecho que les dé algún amparo. En Buenos Aires hay todo un negocio armado con los puesteros y el manejo de los puestos que tienen alguna protección, que no se dice en voz alta, pero que por lo bajo señala complicidad con las fuerzas de seguridad y comisarías.

Una parte de ellos se hallan nucleados en la CTEP, que le da reconocimiento a su condición de trabajadores y respaldado en la luchas junto a un conjunto de trabajadores de la economía popular que reivindican sus derechos.

Espacio público versus derecho al trabajo

La pelea más importante es con los gobiernos para que sea reconocido el derecho al trabajo, en la vía pública, ya que las reglamentaciones ponen de relevancia la ocupación del espacio público y no contemplan el derecho al trabajo. En la ciudad de Buenos Aires se lleva adelante la batalla emblemática, ya que se quiere “puertomaderizar todo” o sea aplicar la lógica de restricción del espacio público, mostrando una fachada prolija y reservando el espacio para los negocios privados, sin lugar para los sectores de menores recursos o gestionando y administrando el espacio desde el Estado y dejándolo reservado para pocos.

Algunas precisiones de un oficio del que poco se sabe y sobre el que se teje un imaginario social que habla de la disputa con los comerciantes. Gran parte o la mayoría de lo que se vende en los negocios de la calle Avellaneda es producido por mano de obra esclava, sobreexplotación de inmigrantes en talleres clandestinos y trabajo a destajo. Es decir que lo que se vende adentro de los negocios no paga impuestos y tiene el mismo origen que lo que se vende afuera.

El trabajo en la vía pública es una fuente de trabajo, participa de la economía de mercado con una sabiduría propia porque se ofrece lo que se necesita. La venta callejera además genera una economía paralela porque retroalimenta el consumo de los propios puesteros. En la ciudad se judicializan las causas, ya que tiene su propia justicia, sus propios inspectores y primero se persigue a los que suponen inmigrantes. Se arman causas por asociación ilícita, venta de cosas robadas, venta ilegal en la vía pública con allanamiento y detenciones. El gobierno de la Ciudad inicia un dialogo para facilitar una especie de acuerdo y por otro lado manda un fiscal o un juez de la ciudad, una estrategia de los poderosos que se usa en todos los países.

La regulación de la venta ambulante es la prohibición en la mayoría de los lugares: sin autorización no se puede vender en la calle. El gobierno de la Ciudad entregaba un número pequeño de permisos precarios siempre que se ubiquen en las zonas que el gobierno de la Ciudad decida. No es considerado un trabajo en términos de subsistencia: hoy son miles al borde de la desesperación, que solo encuentran en las demandas colectivas y organizadas algún cobijo que les permite no quedar desamparados frente a las fuerzas gubernamentales que parecen estar llevando adelante una limpieza territorial que expulsa a los sectores populares.