Militantes de organizaciones sociales y políticas denuncian haber sido espiados e investigados ilegalmente por Gendarmería Nacional. Marcha dialogó con Christian Castillo. Repercusiones en la oposición y el pedido de esclarecimiento a Nilda Garré.
El titular de Gendarmería Nacional, comandante general Héctor Schenone, reconoció ante un pedido del Juez Oyarbide la existencia de una unidad especial propia que realiza tareas de inteligencia sobre dirigentes políticos y sociales, empleada en la confección de una base de datos llamada “Proyecto X”.
Según trascendió, la base recopila información personal, movimientos bancarios, creencias, hábitos y direcciones de referentes de movimientos sociales, políticos, estudiantiles y gremiales. El fin de estos datos, según la nota de Schenone, serían de “herramienta de análisis y orientación” en causas judiciales. “La base de datos se nutre de información que surja durante el transcurso de una investigación judicial (nombres, teléfonos, direcciones, apodos, vinculaciones, vehículos, lugares, peritajes, etc)”.
En noviembre de 2011, delegados gremiales y militantes políticos y de derechos humanos –entre ellos Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Myriam Bregman del PTS, María del Carmén Verdú de CORREPI, Javier Hermosilla de la Comisión Interna de Kraft- presentaron ante el juez federal Norberto Oyarbide una denuncia penal porque “en diversas manifestaciones y reclamos gremiales y sociales se ha identificado trabajo de inteligencia ilegal por parte de la Gendarmería Nacional Argentina”.
Marcha dialogó con Christian Castillo, candidato a Vicepresidente por el FIT y referente del PTS, espacio político al que pertenecen la mayoría de los denunciantes.
–Marcha: Además de la trascendencia de esta denuncia, esta semana tuvieron lugar movilizaciones contra las represiones en Catamarca y La Rioja, ¿Creés que la Ley Antiterrorista abrió un contexto más duro y un cambio de estrategia del Gobierno?
–Christian Castillo: No hay dudas, la Ley Antiterrorista es nefasta y puede llevar a mayores persecuciones. Si bien la aprobada por Néstor Kirchner y ordenada por Bush fue un salto en una legislación represiva, hoy estamos sin dudas en una situación más complicada. Además esto lo tenemos en un contexto caracterizado por dos cuestiones, la primera es de un aumento de muertos en las movilizaciones populares: Mariano Ferreyra, Qom, Indoamericano, Cristian Ferreyra, los jóvenes asesinados en Bariloche. Hay que decirlo: este gobierno no solo reprime, sino que mata.
-Marcha: En el caso de sus compañeros la Gendarmería ha utilizado otro mecanismo, bastante más sútil que la represión física.
–Chrisitan Castillo: Claro, ese es el otro aspecto: la persecución judicial y extrajudicial. Hoy hay más de 5 mil compañeros bajo proceso. Muchos de ellos son delegados del sindicalismo combativo, una causa clave es la de Kraft y los cortes en Panamericana con más de media comisión interna perseguida. Entre los procesados está “Poke” Hermosilla quien tiene una causa por 11 cortes y un embargo de 290 mil pesos, un escándalo ya que no tiene propiedades.
–Marcha: Ustedes denunciaron infiltración y la confección de una base de datos ilegal por parte de Gendarmería, algo que está expresamente prohibido por la Ley de Seguridad Interior.
–Christian Castillo: Efectivamente. Hemos hecho las denuncias por la infiltración de la Gendarmería, que como vos decís, va totalmente en contra de lo que dice la propia Ley de Seguridad de Interior. La Gendarmería da cuenta de que para identificar a manifestantes se infiltran efectivos vestidos de civil, muestran y señalan a “cabecillas”, tienen una base de datos, algo que es muy grave ya que insisto: está expresamente prohibido en la legislación. Inclusive, han llegado al absurdo de acusar a un dirigente del PCR de Zona Norte que había muerto, lo ponen en las manifestaciones. Eso da cuenta de que tienen una base de datos con la que cotejan.
Es que la ley 25.520 – de Seguridad Interior- en su artículo 4°, inciso 3, dice textualmente que “ningún organismo de inteligencia podrá… Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
Por ello en el día de ayer, un grupo de Legisladores de la oposición encabezados por Patricia Bullrich, ha pedido una presentación de urgencia a la Ministra de Seguridad de la Nación Nilda Garré, para que de cuenta ante la Cámara Baja del accionar de la Gendarmería.
Aunque no haya pasado más de año y medio de un caso similar en la Ciudad de Buenos Aires, donde estuvieron implicados Jorge “Fino” Palacios y Ciro James en escuchas telefónicas ilegales, el Jefe de Gabinete porteño Rodríguez Larreta se hizo eco de la posición. En declaraciones a los medios: “Si se comprueba, es terrible. Que se investigue a cualquiera es un desastre, sean líderes sociales o de la oposición. No podemos tener la duda de si están pasando o no. Si se confirma, sería una pésima noticia. Hay que identificar a los responsables: quién lo pidió esto, quién lo mandó a hacer”.