Violencia política: modelo de gobierno en El Salvador

El asesinato de tres militantes del FMLN en El Salvador, en el marco de la campaña electoral, se da en medio de fuertes ataques políticos y mediáticos dirigidos desde la presidencia contra el partido de izquierda y opositorxs en general, y a un año del intento de Golpe de Estado, el 9F. 

Por Gabriela Iraheta y Chana Boekle* Foto: Victor Peña

El pasado domingo 31 de enero, alrededor de las 19 horas, Nidia Díaz – militante histórica y referente del partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) – daba a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter una noticia que volvía a manchar de sangre y muertes a la contienda electoral en El Salvador. 

La caravana a la que se refiere la diputada y jefa de fracción por el partido, acompañaba el inicio de la campaña del candidato a alcalde por San Salvador, Rogelio Canales. Cuando el vehículo mencionado, que transportaba a militantes, se encontraba en las cercanías de un local del partido, fue interceptado por otro vehículo que tras bloquearle el paso, inició el tiroteo que dejó a siete personas lesionadas de gravedad, de las cuales dos fallecieron.

La respuesta inmediata por parte del presidente tuitero, Nayib Bukele, fue sugerir la idea de un autoatentado como estrategia electoral desesperada del FMLN, en lugar de -como mandatario responsable-, solidarizarse con las víctimas y familiares, o siquiera mostrar preocupación frente a los asesinatos violentos. 

Este gesto, además de reforzar su insensibilidad, se enmarca dentro de la estrategia política en la que todo lo que no pertenezca a su proyecto de gobierno es automáticamente atacado y descalificado. A la manera del ex presidente de EEUU, Donald Trump, las respuestas y declaraciones por parte de Bukele son también inmediatas, también a través de Twitter, promoviendo también el odio.

Si bien Bukele posteriormente tuiteó y mencionó su preocupación y búsqueda de los responsables del atentado, dicha acusación de autoatentado por parte del FMLN ya se había viralizado y seguía reforzando el sentido común de sus seguidores; quienes en la búsqueda de defender a su líder, justificaron y caricaturizaron los asesinatos de los militantes. Días más tarde, el 3 de febrero, se daba a conocer la noticia del asesinato de José Nelson Berríos Méndez, ex concejal del FMLN en Chirilagua, San Miguel, quien fue atacado en su propia casa.

La banalización de los asesinatos de Gloria del Cid y Juan de Dios Tejada, militantes y ex combatientes del FMLN y del ex concejal José Berríos, por parte del sector de la población simpatizante del presidente, es consecuencia directa del entramado de odio que Bukele construye para garantizar su poder, señalando y descalificando a sus adversarios. 

Lo grave de esta situación es la alevosía con la que se manipula la opinión pública en detrimento de la construcción de una democracia aún incipiente en el país centroamericano. Tras doce años de conflicto armado que dejaron al país con más de 75 mil muertxs y altísimos niveles de violencia cuyas secuelas la población sigue sufriendo (homicidios, femicidios, desapariciones, extorsiones, torturas extrajudiciales, crimen organizado, etc), el peligro que representan estos discursos agitadores de odio, confrontación y polarización, se traduce en balas en un país que aún está lleno de armas.

El modelo Bukele

Este modelo confrontativo es replicado por el aparato de gobierno, lxs funcionarixs públicxs y los medios de comunicación tradicionales, en su mayoría financiados por Bukele mismo. Fueron alarmantes, por ejemplo, las declaraciones de Félix Ulloa (vicepresidente de la Nación) que equiparan al proceso electoral con una nueva guerra. Las declaraciones de Ulloa tuvieron lugar el mismo 31 de enero, horas antes del tiroteo y asesinato de militantes del FMLN, en el marco de un encuentro con veteranos de la Fuerza Armada.

Vía, Kolectivo San Jacinto

Otra figura reprochable de la política salvadoreña, que ha resurgido en el último tiempo gracias al respaldo de Nayib Bukele, es Walter Araujo (expresidente del partido de derecha ARENA y en su momento, principal impulsor del modelo privatizador de las pensiones AFP, de la privatización del agua, la salud, entre otros). En la contienda del 9F pasado, Araujo apoyó públicamente la toma de la Asamblea Legislativa por parte del aparato represivo del Estado e incluso propuso la implementación del artículo 87 de la Constitución conocido como “El derecho a la insurrección popular”. Dicho artículo “reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado”. 

Para este sector de la derecha neoliberal del país, el orden constitucional se encuentra alterado puesto que la Asamblea Legislativa no cuenta con la mayoría absoluta que responda a los intereses del órgano Ejecutivo.

La incitación explícita a la violencia no es ninguna novedad en el modelo de gobierno de Bukele. Estos tres recientes asesinatos se dieron a pocos días de cumplirse un año de lo que hoy conocemos y repudiamos, como 9F.

#9FNuncaMás

Hace un año, el 9 de febrero de 2020, Nayib Bukele irrumpió en la Asamblea Legislativa de El Salvador, escoltado por decenas de policías y militares de la Fuerza Armada para exigirle al poder legislativo la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para la ejecución de la tercera fase del “Plan Control Territorial”, que pretendía inyectar recursos directamente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil (PNC), dotándolas de equipamiento armamentístico. 

Foto: Félix Meléndez

El principal motivo por el que las y los legisladores de distintos partidos se opusieron a la aprobación del préstamo, era en primera instancia el irrisorio monto presupuestario; con el agravante de no haber sido presentado públicamente ningún contenido de dicho plan o información de cómo se iba a implementar. Este modus operandi, en el que Bukele pregona planes e iniciativas siempre grandilocuentes y únicas en Latinoamérica, anunciadas mediante publicidad viralizada en redes sociales; se caracteriza por el ocultamiento de los proyectos escritos de los cuales pretende la aprobación de estas leyes.

El amedrentamiento y amenaza, además de la no distinción de los tres poderes, se ha convertido en El Salvador en la manera de hacer política desde la presidencia y su gabinete. De hecho, la apuesta por parte de Bukele y su partido, Nuevas Ideas, de cara a las próximas elecciones que se realizarán el próximo 28 de febrero, es la de deslegitimar los partidos opositores para conseguir la mayoría necesaria a nivel legislativo y así no tener impedimentos para aprobar leyes que respondan a sus intereses y los del grupo de poder económico al que pertenece y representa él y su familia.

Es necesario entonces, caracterizar esta escalada de violencia política como la urgencia de Bukele y sus afines, de asegurarse la mayoría absoluta en términos legislativos y así no encontrar más impedimentos a sus políticas de gobierno. La voluntad política, en apariencia caprichosa de Nayib Bukele, es en realidad consecuente con las exigencias de los sectores de poder económico que quieren volver a imponer su agenda neoliberal y antiderechos frente a la del pueblo salvadoreño que sigue en defensa de derechos conquistados y en lucha por la vida digna y la memoria histórica.  

Los hechos del 31 de enero y del 3 de febrero, demuestran las deficiencias por parte del Estado salvadoreño en garantizar la vida de militantes y luchadorxs. Desde distintas organizaciones y movimientos se realizaron llamados por unas elecciones sin violencia y amedrentamiento, sin muertes. 

Las amenazas, ¿se limitan a Twitter?

El nivel de confrontación suscitado por las mentiras, fake news y ataques de trolls financiados por Bukele y su aparato a las personas que manifiestan públicamente su descontento con algún accionar del Ejecutivo, ha generado numerosas denuncias por parte de la oposición y de movimientos sociales, que además acusan a los “medios de comunicación” hechos a medida para cubrir las acciones del presidente. 

Asimismo, la Asociación de Periodistas de El Salvador denuncia las más de 60 vulneraciones registradas durante el primer año de gobierno, perpetradas desde el Ejecutivo a manera de amenazas públicas de parte del mismo presidente, sus funcionarios o las fuerzas represivas. Por otro lado, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) presentó en septiembre de 2020 un aviso penal por los actos de amedrentar y amenazar al rubro periodístico. Incluso Fabricio Altamirano (Director de uno de los periódicos hegemónicos salvadoreños, “El Diario de Hoy”) comentó a la Red Internacional de Periodistas que “los fondos gubernamentales se están usando para premiar o castigar a quien apoya o a quien cuestiona la narrativa oficial”. 

Por otro lado, la periodista Karen Fernández, denunció los ataques anónimos desde las redes sociales de seguidorxs y troles del presidente, tras un programa televisivo en el que cuestionaba el manejo carcelario del gobierno durante la pandemia. Comentó al respecto a la Red Internacional de Periodistas: “Yo dije que la foto hacía recordar los campos de concentración de la Alemania nazi, el programa extrae mi declaración y la tuitea. Luego la retuitea Bukele y comenzaron las amenazas de sus seguidores. Ellos te colocan en la palestra de su feed, te ponen ahí para que sus seguidores te ataquen”.

Es preocupante también la denuncia de la periodista de la Revista Gato Encerrado, Julia Gavarrete, quien sostiene que después de participar en una conferencia de prensa el 2 de julio de 2020 en Casa Presidencial; al regresar a su casa, ésta había sido revisada y su computadora había sido sustraída.

En un contexto en el que la virtualidad cobra cada vez más importancia, es necesario mantener la alerta frente a los intentos de despolitización y construcción de una persecución y censura sostenida desde internet. 

Nayib Bukele, el presidente influencer, se suma a las derechas neoliberales del continente (como Jair Bolsonaro, la dictadora Jeanine Añez o Donald Trump) que gobiernan mediante Twitter y amenazas públicas, sembrando el odio fanatizado que en países con altos grados de violencia, se traducen indefectiblemente en vulneraciones de los derechos humanos, llegando incluso a asesinatos como los que ya tiñeron de sangre la campaña electoral salvadoreña de las próximas elecciones del 28 de febrero. 

* Movimiento Centroamericano 2 de marzo