Nueva jornada de lucha de los bachilleratos populares Nueva jornada de lucha de los bachilleratos populares
Los bachilleratos populares agrupados en la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha se movilizaron a las puertas del Palacio Pizzurno. Nueva jornada de lucha de los bachilleratos populares

Por Ivan Barrera / Fotos Bachillerato Popular Darío Santillán

Una vez más, los bachilleratos populares agrupados en la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha hicieron sentir su voz y su presencia frente al Ministerio de Educación. Sin respuestas en lo que va del año y con más interrogantes desde la última actividad, vuelven a tocar la puerta del ministerio para reclamar sus derechos como escuela. En plena movilización una buena noticia: la lucha consiguió que se habilite la validez nacional de títulos para las cohortes vigentes.

Una nueva cita convocó a los bachilleratos populares que conforman la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha (CBPL). A pocos días de la última actividad, donde se montó una clase popular frente al Congreso y sin ningún tipo de respuestas por parte de las autoridades del gobierno de la Ciudad, el Palacio Pizzurno congregó a docentes y estudiantes de bachilleratos populares para seguir dándole voz y cuerpo a los reclamos.

El gobierno del diálogo y el consenso lleva meses de silencio, de llamados sin contestar y de reuniones jamás concretadas. Desde la CBPL se sostiene constantemente la postura y la necesidad de entablar conversaciones para reavivar los compromisos que el Ministerio de Educación nunca cumplió y para hacer efectiva la batería de derechos postergados que cargan los bachilleratos populares.

La cita tuvo lugar en las avenidas Callao y Córdoba, donde más de 500 estudiantes y docentes se congregaron para moverse hasta la puerta del Palacio Pizzurno a la espera de un llamado por parte del gobierno. Los trapos no faltaron y se lucieron banderas con muchos de los nombres de los 36 bachilleratos que funcionan en la Ciudad, diciendo presente y haciendo escuela a donde sea que se muevan sus integrantes.

Entre la expectativa de un posible llamado y la tensión propia de la movilización, se corrió la voz de una buena noticia. Por la mañana salió publicada la resolución que habilita la validez de títulos para las cohortes 2015 a 2018. Hasta este martes, ningún estudiante que se haya egresado el año pasado de un bachillerato popular, de un Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) o del plan FinEs podía acceder a su título secundario. A razón de la movilización constante y la visibilización de este problema, se logró la publicación de la resolución que habilita a las cohortes 2015 a 2018 a acceder a su título.

Un triunfo de la lucha de los bachilleratos popular en beneficio de todos y todas las estudiantes adultas que desean terminar su formación secundaria.  Una educación que viene sufriendo un desmantelamiento sistemático por parte del gobierno de la ciudad, en concordancia con el de la provincia de Buenos Aires.

La reforma para adultos

A todos los derechos postergados, que incluyen el reconocimiento pleno de los bachilleratos populares como escuela pública, con goce de sueldos para los y las docentes y becas, viandas de calidad y boleto estudiantil para los y las estudiantes, este año el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta inauguró un flamante conflicto. Se trata de la reforma de adultos.

La gestión educativa que gesta reformas en mesas chicas y cerradas y las comunica con PowerPoint, abrió un nuevo capítulo este año, anunciando que se está delineando una reforma para la educación de adultos. Una reforma de la que poco se sabe y de la que no permiten la participación de terceros, a pesar de estar afectándolos directamente.

Lo que dejaron entrever, por ahora, se sintetiza en una reforma curricular que cerrará gran parte de las especializaciones, condensándose en una pocas, así como también un ajuste en las horas cátedra. Entre aquellas especializaciones que dejarían de existir se encuentra la de ‘desarrollo de las comunidades’, a la cual se abocan los bachilleratos populares y cuyo futuro es incierto, sumado a que ni siquiera aparecen nombrados en los borradores de la reforma.

El desmantelamiento de la educación para adultos

La ministra de educación porteña, María Soledad Acuña, viene llevando adelante un plan de desmantelamiento y desguace de la educación para adultos. Así como un auto cuyo valor de venta es nulo y se dividen sus partes para vender como chatarra, desde el Ministerio de Educación se vienen llevando adelante prácticas sistemáticas que desmantelan la ya escasa cobertura de experiencias de educación para adultos.

A los más de 10 mil adultos que año a año ven esfumarse marzo sin una vacante para terminar su enseñanza secundaria, hay que sumar aquellos que no podrán terminar el plan FinEs por la clausura del programa. El 2018 comenzó con la noticia de que 13 sedes donde funcionaba el programa no comenzarían el año. El cierre hoy deja a más de 500 estudiantes sin terminar sus estudios primarios o secundarios y a 80 docentes sin esa fuente de trabajo.

La reforma de adultos se presenta como un pilar más del desmantelamiento de la educación para adultos. Cerrará especializaciones y ajustará las currículas para estandarizarla, volviendo un interrogante el futuro de los bachilleratos populares, de los CENS y de los ya condenados FinEs. La lógica de austeridad y ajuste de la educación se vuelve carne en la educación para adultos, el área más postergada y tan marginada como aquellas escuelas cuya infraestructura edilicia no apacigua las inclemencias climáticas y aquellas que no abrirán las puertas por el ajuste que se viene realizando en Provincia.

La lógica educativa se puede resumir con las palabras de María Eugenia Vidal: “Nadie que sale de la villa termina en la universidad”. Se parte de una lógica premonitoria para llegar a una profecía autocumplida.  La estigmatización de la escuela pública y la mercantilización de la educación se profundiza con el discurso y el accionar de la gestión cambiemita, encontrando como único sujeto de derecho a aquel que cuente con las condiciones socioeconómicas para su acceso.