En Entre Rios, enfrentar el modelo productivo agro-contaminante (III)

A casi cuatro años desde que asumió Cambiemos, son palpables las consecuencias de la profundización del modelo productivo así como la intensificación de su contracara, las luchas de resistencia. En esta oportunidad, la situación de la provincia de Entre Ríos.

Por Vivian Palmbaum

La imagen de la vida en el campo aparece como el ideal de descanso, tranquilidad y vida sana para las y los habitantes de las ciudades. Sin embargo, hoy se parece a un escenario donde se teje una guerra silenciosa contra la población que está más amenazada por la contaminación que si viviera en la ciudad.

En cada región del país la organización de las luchas contra las fumigaciones y a favor de la vida toman distintas formas y modalidades. Entre Ríos es quizás la provincia con mayor organización  y coordinación local de la resistencia contra este modelo de envenenamiento. Se presentó una nueva acción de amparo ambiental desde las organizaciones contra el nuevo decreto del gobernador Bordet que limita las distancias para las fumigaciones.

Los habitantes de la provincia entrerriana se han organizando en distintos municipios, al tiempo que confluyen en una Coordinadora provincial de las luchas contra las fumigaciones, junto al Foro Ambientalista y la Asociación del Magisterio (AGMER).

Las asambleas se fueron gestando en pueblos y en ciudades donde las y los habitantes se opusieron al modelo agro-contaminante. Con las marchas de los días martes en la capital de la provincia, Paraná, visibilizaron los estragos causados por las fumigaciones y la profundización del modelo productivo.

“Seño me pican los ojos” es uno de los comentarios más escuchados por las maestras rurales de Entre Ríos contábamos en abril, cuando el Poder Judicial hacía lugar al recurso de amparo que dejaba sin efecto el decreto del gobernador Bordet que eliminaba las distancias para las fumigaciones sobre las 1023 escuelas rurales en horario escolar. Fue en esa provincia donde el presidente Macri se animó a calificar de “irresponsable” al fallo judicial a favor de la salud, que el gobernador Bordet nuevamente volvió a embestir derogando lo que por la vía judicial se había establecido.

Sin embargo, las y los habitantes de la provincia con uno de los mayores índices de contaminación por envenenamiento por fumigación con agrotóxicos nuevamente se organizaron para presentar una acción de amparo colectivo ambiental, solicitando que se declare la nulidad y/o inconstitucionalidad y revocación del Decreto N° 2239, publicado en el Boletín Oficial el día 5 de agosto de 2019. Hace pocas horas, luego que venciera el plazo, la justicia entrerriana rechazó la medida cautelar interpuesta por el Foro Ecologista de Paraná y Agmer.

Tal como consignan distintos medios locales,  el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, sostuvo que “el rechazo de la medida cautelar implica que el decreto 2239 resulta plenamente aplicable, es decir que, a la comunidad de productores, ingenieros agrónomos y aplicadores de productos fitosanitarios, se les debe comunicar que la mencionada norma continúa en vigencia. No hay ninguna medida judicial que lo suspenda en su aplicación”. AGMER y el Foro Ecologista también interpusieron una acción de amparo contra el Gobierno provincial promoviendo la inconstitucionalidad del Decreto, lo que seguramente se resolverá a la brevedad.

La demanda presentada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Rios (AGMER) junto al Foro Ecologista de Paraná denunciaba que la medida afectaría a todos los niños, niñas, adolescentes, maestras, maestros y personal no docente que concurre a las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos y cuya pretensión es la defensa del ambiente, tal como se expresa en la presentación que se realizó el viernes 16 de agosto.

Un sistema productivo que excluye la vida

En mayo, las entidades agropecuarias estimaron que por las restricciones en las áreas de fumigación, que establece límites en las zonas que rodean las escuelas rurales, quedarían fuera unas 300 mil hectáreas del sistema productivo. Además, afirmaron que esto provocaría un daño irreversible al sistema productivo entrerriano. Tengamos en cuenta que tal como indica el último Censo Nacional Agropecuario, publicado por el INDEC, el área productiva comprende alrededor de 6 millones de hectáreas para la provincia de Entre Ríos.

Mientras tanto, se multiplican los casos de cáncer, nacimientos con malformaciones y todo tipo de padecimientos de piel, alergias y otras patologías asociadas. Las abejas mueren en masa y se altera el ecosistema. Hoy es más peligroso vivir en el campo que en las ciudades. Sin tener en cuenta que las derivas de las fumigaciones esparcen la contaminación hacia confines impensados.

La Sociedad Argentina de Apicultores, con el acompañamiento de la organización Naturaleza de Derechos, demandaron judicialmente al SENASA (Servicio de Sanidad Vegetal y Calidad Agroalimentaria) para que se prohíba el uso a cielo abierto de cuatro agrotóxicos e insecticidas. Clothianidin, Imidacloprid, Tiamethoxam y Fipronil son las principales sustancias químicas relacionadas con la disminución drástica de la población mundial de abejas.

Un grave contraste entre los bienes que se quieren defender y las vidas que se ven afectadas y desprotegidas. En esa provincia es inolvidable el emblemático caso de Fabián Tomasi, símbolo de la contaminación y la lucha contra los agrotóxicos.

Basta es basta

Desde la Coordinadora Basta es Basta emitieron un comunicado, Repetir los argumentos no frena los daños,  en donde responden al decreto del gobernador Bordet donde fundamentaban el amparo colectivo frente a la arbitrariedad del ejecutivo provincial que además ha motivado que el Poder Legislativo impulse la revisión de la legislación que regula los amparos.

Entre otras cosas, en el comunicado recuerdan que las distintas sentencias judiciales se expidieron sobre la necesidad de que el gobierno “pruebe” la inocuidad de las aplicaciones realizadas en distancias menores. Esta exigencia nunca se cumplió. Fundamentaban que con esta nueva acción de amparo intentaban “visibilizar nuestro deficiente e incompleto sistema de ‘registro’ de agrotóxicos que omite exigir a las empresas estudios científicos, sin conflictos de interés a mediano y largo plazo, que son los periodos en los que se presentan daños crónicos y acumulativos a la salud como es el daño genético, que luego desencadena patologías graves tales como cáncer, infertilidad, Alzheimer, deterioros neurológicos”, entre otros. Este sistema permite que en Argentina estén autorizados 108 plaguicidas prohibidos en el resto del mundo.

En medio de un proceso electoral que se avecina a nivel nacional, y que en la provincia ya ha dado como resultado la reelección del gobernador Bordet, desde la Coordinadora destacan que “la arbitrariedad en favor del lobby del agronegocio conspira contra nuestra democracia, contra la división y el equilibrio de poderes. El único camino que nos dejan consiste en insistir con acciones judiciales en aras de proteger a toda la comunidad entrerriana de daños genéticos que comprometen la salud no sólo actual sino de segundas y terceras generaciones”.

“Queremos que nuestra gurisada (NdR: nuestras niñes) pueda saltar en patas en los charcos que deja la lluvia sin envenenarse por los agrotóxicos, que llueven en nuestra provincia; que puedan correr hasta cansarse sin temor a que el aire los ahogue por los agrotóxicos que flotan en la deriva negada por quienes debieran protegerlos”.

 

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